La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, advirtió este lunes sobre los persistentes riesgos para los migrantes irregulares con destino a Estados Unidos, a pesar de las reiteradas alertas y recomendaciones hechas al Gobierno Nacional.
Durante un foro sobre Derechos Humanos en la Universidad Sergio Arboleda, la procuradora destacó que los niños son los más afectados por la situación.
Cabello Blanco informó que, en los primeros tres meses de 2024, al menos 110.000 personas transitaron por el Urabá, lo que representa un aumento del 26% en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento ocurre a pesar del endurecimiento de las regulaciones migratorias en Panamá y Estados Unidos.
“Decisiones como la del gobierno de Panamá, al cerrar al menos tres pasos fronterizos, no deben distraernos de la realidad: los flujos migratorios por el Darién no se detendrán. Los grupos armados ilegales están interesados en que el tránsito continúe”, señaló la procuradora.
Sobre las rentas ilícitas
Además, se refirió al fortalecimiento de las rentas ilícitas en Urabá, estimadas en más de 140 millones de dólares en 2023, debido al llamado “impuesto” exigido por el Clan del Golfo, que oscila entre 200 y 700 dólares por persona.
La procuradora también expresó su preocupación por el número alarmante de niños migrantes que atraviesan el Darién. Según UNICEF, más de 30.000 menores lo han hecho en los primeros meses del año, de los cuales 2.000 viajaron separados de sus familias o sin acompañantes.
La jefe del Ministerio Público alertó sobre el riesgo de instrumentalización de la población migrante en tránsito, que puede ser forzada a transportar droga, ejercer la prostitución o realizar trabajos forzados a cambio de su tránsito. Lea: JEP y Minagricultura acuerdan restaurar campesinos afectados por el conflicto
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones responsables para que tomen medidas correctivas y eviten acciones disciplinarias por omisión de sus responsabilidades. La procuradora destacó la falta de capacidades instaladas en municipios clave como Necoclí, Turbo y Acandí, y criticó la insuficiencia de la respuesta institucional, mencionando que entre 3 y 4 funcionarios de Migración Colombia están encargados del registro y control de hasta 3.000 migrantes diarios en Necoclí.