La Contraloría General anunció el hallazgo de varias irregularidades financieras tras una auditoria realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y cuyas irregularidades suman más de $84 mil millones.
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El UniversalSegún el ente de control, se identificaron 17 hallazgos, de los cuales 14 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno otra incidencia y seis tienen incidencia fiscal por $84.898.866.209.
Se determinó que el hallazgo de mayor cuantía en la institución corresponde a la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975, por $68.101.994.018, ocasionando detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del Fomag son de destinación específica.
Otro de los hallazgos encontrados tiene que ver con que se utilizaron los recursos del Fomag para pagar de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones, por lo cual se desembolsaron, respectivamente, sanciones moratorias por $8.991.067.608, así como intereses moratorios por $3.419.184.418 debido al incumplimiento de los términos establecidos.
Por otra parte, se evidenció pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de la mesada pensional a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.
En el informe presentado, la Contraloría determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, a causa de las irregularidades encontradas. Lea: Investigan al director del INPEC por asesinato del jefe de la cárcel La Modelo
“Se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”, señaló la Contraloría.