Durante dos años y en 80 sesiones, el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll escuchó sus relatos y revisó 1.200 observaciones escritas.
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ColprensaEstas audiencias permitieron a las víctimas cuestionar y contrastar las versiones de los exguerrilleros, pidiendo detalles sobre las condiciones de sus secuestros y la posible participación de terceros, así como información sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
Además, 498 víctimas denunciaron otros delitos sufridos durante su cautiverio. Entre estos delitos se encuentran 133 casos de desapariciones forzadas, 34 homicidios, 74 desplazamientos forzados, 177 denuncias de malos tratos y tortura, 43 de trabajos forzados y 37 de violencia sexual.
Estas cifras son preliminares, ya que aún se está recopilando información de las víctimas del Bloque Oriental y Sur de las extintas Farc acreditadas en 2023 y 2024. Lea: Consejo de Estado tumba nombramiento de comisionado de la Creg
Declaraciones de las víctimas
Las observaciones de las víctimas serán claves para comparar y profundizar en las declaraciones de los exintegrantes de las Farc y determinar los responsables regionales de la política de secuestro.
Las diligencias se llevaron a cabo en varias ciudades del país, como Bucaramanga, Cali, Medellín, Montes de María, Neiva, Valledupar y Villavicencio, y también se ofrecieron espacios virtuales para asegurar la participación de las víctimas en zonas de difícil acceso.
Durante las audiencias, las víctimas también pudieron recordar a sus seres queridos a través de relatos, fotos, canciones, cartas y otros objetos personales. Este aspecto emocional fue evidente en los testimonios de familias como la Polanía Ramos, quienes compartieron su dolor y exigieron respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.