Varios meses después de que un grupo de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos presentaran una denuncia ante la justicia argentina contra expresidente Álvaro Uribe por presuntamente estar involucrado en los falsos positivos, un juez de ese país las reconoció como tal. Es decir, reconoció que tienen el pleno derecho de actuar dentro del proceso toda vez que han sido claramente afectadas por los hechos denunciados.
La denuncia fue presentada el 7 de noviembre de 2023 ante los jueces federales de Buenos Aires en el marco de la jurisdicción universal, la cual permite investigar y juzgar a autores de crímenes perpetrados en cualquier lugar del mundo, quienes no han sido investigados en sus propias naciones. Por lo que la decisión admite a tres grupos de víctimas: las familias de las cuatro víctimas identificadas, siete víctimas sin identificar, y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad.
“Este reconocimiento brinda la posibilidad de llevar a cabo diferentes actuaciones dentro del proceso, con el propósito de aportar y practicar pruebas dirigidas al esclarecimiento de los hechos victimizantes y el establecimiento de responsabilidades penales. Además, con relación al grupo de víctimas que aún se encuentran sin identificar, se abre la posibilidad de acudir a expertos(as) que contribuyan al establecimiento de su identidad y a la localización de sus familiares”, explicaron las víctimas a través de un comunicado.
Cabe recordar que, días después de que se presentara la denuncia, el juez Federal emitió un exhorto dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitando información acerca del examen preliminar de Colombia e indagando sobre la existencia de alguna investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por los hechos materia de la querella.
Cinco meses después, es decir, el 29 de abril de 2024, la Fiscalía de la CPI respondió este requerimiento afirmando que no existe investigación alguna frente al querellado; dicha decisión fue transmitida al juzgado, el pasado 26 de junio, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino; y conocida el 1 de julio de 2024 por la representación de las víctimas dentro de la causa.
Solicitud de un fiscal
Para el 19 de diciembre de 2023, el fiscal Carlos Stornelli había presentado ante el Juez la solicitud de practicar pruebas en la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciado por crímenes de guerra y lesa humanidad, quien “habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia, entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como abatidos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’; ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Así las cosas, el Fiscal Federal Número Cuatro solicitó ante el juzgado instructor la expedición de exhortos dirigidos a las autoridades colombianas en los que se solicita, entre otros, información sobre los hechos, directivas emitidas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y la escucha de los testimonios de las víctimas querellantes. Lea también: Nuevo recurso en el caso Álvaro Uribe: aceptan queja para pedir nulidad del proceso
Esta petición se encuentra a la espera de ser resuelta por el juzgado de conocimiento; por lo que se espera recibir la mayor cooperación por parte del Estado colombiano en el envío de la información solicitada, en tanto contribuye de manera efectiva a la investigación y a la materialización de los derechos de las víctimas.
Según la denuncia, “el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez habría buscado el alineamiento de toda la población en torno a la fuerza pública, dividiéndola entre ‘amigos’ o ‘enemigos’ de la patria, del Estado, del orden y de la Seguridad Democrática, amparado en el mandato de derrotar a las guerrillas, la estrategia contrainsurgente se enmarcó desde el inicio en la llamada ‘Guerra contra el Terrorismo’”.