El aumento significativo en el costo del servicio de energía eléctrica, uno de los componentes que más ha incrementado en la canasta familiar, ha alarmado no solo a los consumidores, sino también a las empresas distribuidoras en la región Caribe.
La situación ha llegado a tal punto que la empresa distribuidora Air-e, representada por los abogados Mauricio Velandia y Jaime Lombana, ha presentado una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Velandia y Lombana acusan a varias compañías generadoras de energía, incluyendo Empresas Públicas de Medellín (EPM), Emgesa, Isagen, Empresa de Energía del Pacífico (Celsia) y AES Chivor, de prácticas restrictivas de competencia. Según los abogados, estas empresas “estarían incurriendo en posibles acuerdos de precios para subir o bajar el precio de la energía en bolsa, trasladando ese costo a los usuarios y obteniendo utilidades exorbitantes”. Lea aquí: Chats vincularían a directivo, cercano a Petro, en escándalo de ollas comunitarias
La denuncia se basa en el incremento del precio de la energía en bolsa en octubre de 2023, que tuvo un aumento aproximado del 400% en comparación con el precio medio de 2022, pasando de 216 pesos por kilovatio hora a 1.017 pesos. Este aumento se justificó por una proyectada escasez de aguas en los embalses del país, una situación que finalmente no se materializó, ya que en noviembre de 2023 había exceso de agua en los embalses.
“Eso obligó a los generadores a verter agua que hubiese generado la misma energía que aquella consumida por los departamentos de La Guajira y Magdalena durante un mes”, señala un comunicado de la oficina de abogados. Velandia y Lombana sostienen que las generadoras se beneficiaron económicamente de un incremento de precios basado en una expectativa de escasez que nunca ocurrió, lo que constituye un enriquecimiento injustificado a expensas de los consumidores.
Además, los abogados afirman que los generadores han decidido no vender energía a los mercados de población vulnerable, prefiriendo llevarla a la bolsa de energía donde pueden especular y cobrar precios más altos. En su denuncia, ejemplifican esta práctica con los departamentos de Magdalena, Atlántico y Guajira, a los cuales solo se les vendió el 3% de la energía requerida entre 2022 y 2023. Le puede interesar: Cabeza de Casa de Nariño se pronunció sobre la inspección y las interceptaciones
Lombana subraya la necesidad de investigar estos incrementos injustificados, no solo por evidenciar una posible cartelización, sino también por el trato injusto hacia los consumidores. “Las pruebas que hemos venido recolectando demuestran que esas generadoras están actuando en bloque, que es lo que se conoce como un paralelismo ilegal entre competidores”, añade.
Asimismo, consideran paradójico que los consumidores colombianos paguen cada mes un cargo por confiabilidad en sus facturas de energía, destinado a impedir la fluctuación abrupta de precios. Sin embargo, en febrero de 2024, el país estuvo en riesgo de un apagón, y a pesar de esta circunstancia, los generadores impidieron la activación del mecanismo, provocando un aumento de precios.
Por su parte, Isagen ha emitido un comunicado en el que asegura que su estrategia comercial se centra en vender despachos de energía a través de contratos a largo plazo, buscando la sostenibilidad financiera y estabilidad de precios para sus clientes. La compañía afirma que “la venta en la Bolsa de energía no es la actividad principal de la compañía”, y que en momentos de baja hidrología y altos precios de Bolsa, ha sido comprador neto de energía. Lea también: Presidencia abrió investigación interna sobre acusaciones de chuzadas
En preparación para el fenómeno del Niño en 2023, Isagen decidió incrementar el nivel de sus embalses hasta el 92% de su capacidad, lo que les permitió cumplir sus compromisos comerciales y garantizar el abastecimiento eléctrico durante la sequía extrema a principios de año. Además, en el marco de la iniciativa de Justicia Tarifaria del Gobierno Nacional, otorgó descuentos voluntarios en contratos de largo plazo, sumando 21 mil millones de pesos para Air-e en 2022-2023.
Isagen reitera que cumple rigurosamente con todas las regulaciones del sector eléctrico y las normas generales de competencia. Mientras tanto, Lombana y Velandia esperan que la SIC los llame pronto para ampliar la queja y aportar más pruebas de lo que consideran un esquema de precios elevados y prácticas anticompetitivas.