La mañana del lunes 24 de junio, fuentes de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial informaron a El Tiempo que alrededor de las 8:30 a.m. se inició una diligencia de inspección judicial en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República.
El propósito de esta acción es reconstruir la prueba de polígrafo realizada a la exniñera Marelbys Meza el 30 de enero de 2023. Para ello, 20 peritos de la Policía Judicial, Dijín, al servicio de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial, inspeccionarán el edificio Galán, donde se llevó a cabo la prueba, y que es adyacente a la Casa de Nariño. También revisarán la zona de control de cámaras y las oficinas de seguridad del presidente Gustavo Petro, así como la oficina del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad. Estos dos últimos puntos están ubicados en la sede presidencial. Lea aquí: Presidencia abrió investigación interna sobre acusaciones de chuzadas
Según las fuentes, se espera que la diligencia no tome más de una hora y será registrada con un dron de alta tecnología, único en Colombia y adquirido en Estados Unidos, que transmite y graba imágenes en tiempo real. Las fuentes también destacaron que la Casa de Nariño ha colaborado plenamente con la diligencia y autorizó el uso del dron.
Paralelamente, las fuentes indicaron que la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria “por su responsabilidad y conocimiento directo en la prueba de polígrafo realizada a Marelbys Meza Buelvas el 30 de enero de 2023″. Lea aquí: Presidente Petro niega chuzadas a magistrados, oposición y periodistas
En ese momento, Meza trabajaba en la casa de Laura Sarabia, quien era la jefa del Gabinete de Gustavo Petro. La investigación comenzó por el robo de una suma en dólares en la residencia de Sarabia.
En la diligencia judicial, donde se presentó el escrito de acusación por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, los defensores señalaron que ya existía un conflicto de jurisdicciones, dado que jueces de control de garantías de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar y Policial reclamaban la competencia para investigar, acusar y juzgar a los policías involucrados en el caso.
En este contexto, se informó que el Fiscal 2203 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar, el teniente coronel Jhon Eduardo Niño, quien ordenó la inspección judicial en curso, comunicó a la Corte Constitucional sobre el conflicto positivo de competencias “que ya ha surgido de facto entre jueces de las dos jurisdicciones”. Este caso fue asignado al magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien deberá resolver el conflicto.
Durante los hechos, Fernández era el Secretario Jurídico de la Presidencia, y fue ternado por el presidente Petro para su actual cargo. Por lo tanto, podría tener que declararse impedido para resolver el conflicto.