El Consejo de Estado tiene 15 días hábiles para acatar la sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos fundamentales de la familia de Julio César Peñaloza, concejal de Soacha asesinado hace 35 años en el atentado que también costó la vida al candidato presidencial Luis Carlos Galán.
El pasado 14 de junio, la Corte notificó el fallo que revoca la decisión de segunda instancia en el proceso de reparación directa de la familia Peñaloza Rojas, en el que el Consejo de Estado había desconocido la responsabilidad estatal por el homicidio de Peñaloza y había negado las exigencias de las víctimas
En la sentencia, la Corte Constitucional señala que el Consejo de Estado “deberá proceder a dictar sentencia de segunda instancia resolviendo las apelaciones, sin desconocer la responsabilidad de la nación (Ministerio de Defensa y Policía Nacional)”.
EL CASO
Julio César Peñaloza, docente, líder social y político, y concejal de Soacha, fue víctima de un atentado el 18 de agosto de 1989, el mismo día en que el candidato presidencial Luis Carlos Galán asistió a la plaza central de Soacha para un evento público.
Peñaloza era reconocido por su liderazgo y por los proyectos deportivos, culturales y educativos que impulsó en su comunidad.
Esa noche, su esposa e hija mayor se encontraban en la plaza central de Soacha para participar en el recibimiento del candidato Galán. Julio César fue impactado por un disparo y, cinco días después, el 23 de agosto, falleció debido a la gravedad de sus heridas.
Tras el análisis de una acción de tutela interpuesta por la familia del concejal Peñaloza, la Corte anuló la sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2022, la cual había denegado la reparación solicitada.
MEDIDA DE LA CORTE
La Corte argumentó que la Policía Nacional, tras asumir las responsabilidades del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), no puede ser responsabilizada por los compromisos financieros de dicha entidad.
La familia Peñaloza sostuvo que fue el DAS quien debilitó la seguridad del candidato presidencial Luis Carlos Galán al designar un nuevo jefe de seguridad vinculado con los autores del crimen en el que Galán perdió la vida y el concejal Peñaloza resultó gravemente herido. Lea: Destinan $421.000 millones para fortalecer la educación superior pública
Entre las pruebas presentadas destaca la condena de 30 años de cárcel impuesta por la Corte Suprema de Justicia al general (r) Miguel Maza Márquez, quien fuera director del DAS en aquel momento.
Así, el Consejo tiene hasta el 8 de julio para vincular como partes demandadas a la Policía Nacional, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiduciaria sucesora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y para emitir un nuevo fallo que garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas.