El Consejo Superior de la Judicatura, el órgano que rige el funcionamiento de la Rama Judicial en Colombia, exigió “que la justicia prevalezca sobre la intimidación” que, en su concepto, provino de las críticas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en contra de un magistrado de Justicia y Paz que ha tomado decisiones que no le favorecen.
Mancuso se pronunció contra el togado en una reciente entrevista con el periodista Daniel Coronell. Entre varios temas, el excomandante de las Autodefensas se refirió a un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, a quien calificó como “un actor político que ha atropellado la Constitución”. Lea aquí: “Hemos apoyado al Gobierno, pero no vamos a retroceder en la lucha”: Fecode
Además, el exparamilitar aseguró que, junto a su equipo jurídico, está analizando la posibilidad de “renunciar” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o al sistema transicional de Justicia y Paz. “No es posible que (Justicia y Paz) se haya tomado dieciocho años y que aún tengamos que esperar cincuenta años más”, aseveró.
Como respuesta, el Consejo de la Judicatura rechazó las afirmaciones de Mancuso, pues indicó que hacen que el magistrado caiga en “el riesgo, el ataque personal y el escarnio público”. Asimismo, pidió “reforzar las medidas de seguridad pertinentes” del funcionario, “con el firme propósito de proteger a los jueces de la república”. Lea aquí: Liberan a dos menores de edad que fueron secuestrados por el ELN
Para el Consejo, merecen acompañamiento “todos los funcionarios judiciales que, con su trabajo y apego a la ley y a la constitución colombiana, se exponen por su labor que desarrollan en la administración de justicia”. “La tarea judicial ceñida al debido proceso tiene sus propias instancias internas de debate”, remachó la entidad.
La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla ha tomado este año al menos dos decisiones que no favorecen a Mancuso. La primera, no discutir la libertad del recluido en La Picota, aun cuando el presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz, y la segunda, no tomar una decisión hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de jurisdicciones.