Hasta hace unos años, los juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá, eran un lugar de intensa actividad. Todo el día, llegaban allí detenidos, abogados e incluso periodistas a seguir los pormenores de cada proceso penal. Y lo mismo ocurría con los tribunales de justicia de todo el país.
Con la pandemia todo eso cambió, la sala de audiencias se convirtió en un enlace que se comparte con fiscales, abogados y periodistas para que puedan asistir desde la comodidad de sus oficinas.
Esta realidad puede cambiar, al menos en parte, por un fallo de la Corte Constitucional cuyo texto se conoció apenas esta semana, más de un año después de haber sido expedido.
Originalmente, la virtualidad en la justicia se previó de manera temporal mientras duraba la pandemia.
El Gobierno del entonces presidente, Iván Duque, expidió el decreto 806 con el que se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios.
Pero ese decreto tenía vigencia de dos años, es decir, acababa en junio de 2022, lo que en su momento preocupó a abogados, jueces y magistrados, entre otras personas, pues, aparte de las razones sanitarias, se comprobó que la virtualidad en la justicia tenía muchss ventajas, ayudó a agilizar los procesos y a reducir la congestión judicial.
El entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, radicó un proyecto en el Congreso para transformarlo en una herramienta de carácter definitivo. Esa corporación terminó aprobándolo y convirtiéndolo en la ley 2213.
Pero la Corte Constitucional debía darle el visto bueno. Hecho que sucedió hace más de un año, pero solo parcialmente. Y esta semana, cuando se conoció el fallo definitivo, se supieron los detalles de cómo va a continuar operando la virtualidad o, visto de otra manera, en qué casos deberá regresarse a la presencialidad.
En concreto, lo que la Corte concluyó es que desde el momento en que una persona es detenida y presentada ante un juez, o solamente imputada, hasta que se inicia el juicio oral, todas las audiencias pueden ser de carácter virtual, si el juez así lo decide.
Sin embargo, la diligencia de juicio oral deberá ser presencial, salvo que exista un caso de fuerza mayor (condiciones de salud, riesgos de desplazamiento y la declaratoria de un Estado de Emergencia Sanitaria, entre otras). El alto tribunal explicó que esa etapa judicial es clave, pues es el momento en el que el juez conoce las pruebas del caso, así como los testimonios.
“La Corte considera, como única excepción, la audiencia de juicio oral contemplada en la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria, que deberá ser presencial, a menos que por motivos de fuerza mayor, debidamente acreditado ante el juez, se concluya que la persona, sea parte, interviniente o testigo, puede comparecer a la audiencia de manera virtual sin que esto afecte el adecuado desarrollo del juicio oral, lo cual deberá ser valorado por el juez de conocimiento”, dice el alto tribunal.
Sin embargo, como lo explica Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, todavía falta que se expida una ley para que los jueces deban volver presencialmente a los juzgados, aunque algunos de ellos ya lo estaban haciendo.
Así le ha ido a la justicia virtual
Aunque no ha sido un proceso de transformación fácil, las cifras parecen respaldar la justicia virtual en el país. De acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura hasta antes de la pandemia con la virtualidad apenas se realizaban unas 50 audiencias diarias de manera presencial en todo el país, pero hoy casi cuatro años después de la implementación de esta herramienta se programan entre 5 mil y 7 mil audiencias virtuales por día.
La virtualidad ha sido destacada por los propios jueces como una forma adecuada para que el aparato judicial falle muchos procesos que en promedio han contribuido a desatrasar cerca de dos años con respecto al modelo de la presencialidad como operaba hasta entonces la justicia.
Hoy por hoy, la virtualidad opera ya en 125 cárceles, frenando así la posibilidad de fuga de los presos, como también el uso de grandes esquemas de seguridad para garantizar para proteger a los detenidos.
Para la agilidad de las audiencias virtuales que se desarrollan en el país, en la actualidad, se tiene una plataforma tecnológica conocida como “livesafe”, que tiene una capacidad para que más de 6.500 funcionarios judiciales en todo el país se puedan conectar sin ningún inconveniente y de manera segura.
Con esa virtualidad las diligencias quedan grabadas en tiempo real y la conexión desde cualquier dispositivo como celular o computador es relativamente sencilla y se puede hacer no solo desde Colombia, sino desde cualquier lugar del mundo.