La Contraloría General de la República anunció este miércoles que inició un “seguimiento permanente” a los recursos públicos que se destinen a implementar el nuevo modelo de prestación de salud para la docencia pública del país. Lea aquí: Banco de la República analiza posibilidad de administrar fondo de pensiones
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El UniversalEl ente de control señaló que sus delegadas para la Gestión Pública, la Educación y la Salud, así como su Dirección de Análisis y Reacción Inmediata, se articulan para acceder a información y coordinarse con el control interno del Fondo del Magisterio (Fomag).
“En está acción se analizarán: el funcionamiento del nuevo modelo, las principales diferencias frente al que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024, las adecuaciones administrativas requeridas en la fiduciaria administradora, el manejo financiero y, transversalmente, la contratación adelantada”, precisó la Contraloría.
El cambio en el modelo de atención en salud para la docencia empezó a recibir varias quejas de beneficiarios desde el primero de mayo, cuando empezaron a reportar fallas en la prestación del servicio y dificultades en el acceso a medicamentos y a distintos procedimientos.
El 16 de mayo el Fomag expidió una circular con la que autoriza que las IPS del país puedan prestar los servicios de salud que sean requeridos, incluyendo la entrega de medicamentos de baja complejidad, alto costo y control especial, sin previa autorización, incluso si las IPS no han sido contratadas por el Fondo.
Para la Contraloría, la contingencia podría implicar la “materialización de riesgos”, por lo que la entidad hizo un llamado “enérgico” a todos los actores responsables del modelo “para que su gestión se oriente a garantizar la atención en salud de los maestros, con la debida transparencia en el uso de esos dineros”.
“En riesgo está la atención en salud de más de 800.000 afiliados y beneficiarios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio”, enfatizó el ente de control.