Martha Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aseguró este miércoles que “no existían argumentos serios y contundentes para suspender el proceso licitatorio” de los pasaportes, que le costaron su salida del Gobierno.
Así lo manifestó la jurista este miércoles al rendir testimonio en medio del juicio disciplinario que la Procuraduría General de la Nación adelanta contra el suspendido canciller, Álvaro Leyva.
Leyva es procesado disciplinariamente por las presuntas irregularidades desarrolladas por la Cancillería en la licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia, un lío jurídico en el que es protagonista Thomas Greg & Sons.
La firma ha sido durante varios años la encargada de fabricar esos documentos, de manera que cuando el gobierno de Gustavo Petro abrió licitación para la hechura de los pasaportes, la compañía se presentó pero el Ejecutivo declaró desierta la convocatoria. Lea aquí: Martha Lucía Zamora declara en el juicio contra el excanciller Álvaro Leyva
A partir de entonces, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación para establecer las razones de la decisión tomada por Leyva, que afectó al fabricante.
Las sospechas de que las motivaciones detrás de la determinación de Leyva serían del orden de lo personal se alimentaron hoy con la intervención de la exdirectora Zamora.
De acuerdo con la jurista, quien renunció luego de que el Presidente se lo solicitó, el Canciller apartado de su cargo provisionalmente tenía mucho interés en alertar sobre supuestos actos de corrupción con Thomas Greg como eje central de ese delito, sin que hubiesen argumentos sólidos.
“No existían argumentos serios y contundentes para suspender el proceso licitatorio”, dijo Zamora, al tiempo que reiteró que su postura y la de la Agencia en su momento “fue el diálogo”, la conciliación con la empresa para evitar una demanda contra el Estado.
La demanda se estuvo perfilando luego de que la Cancillería detuvo la licitación, así que entre la Cancillería, la Agencia de Defensa Jurídica y otras entidades se conformó un “comité de conciliación” para definir cómo proceder. Lea también: Luis Gilberto Murillo seguirá en propiedad en el Ministerio de Relaciones Exteriores
En ese comité, manifestó la penalista, la Agencia quería conciliar, lo que le causó desacuerdos con Leyva. Una de esas disputas estuvo mediada por gritos y tratos agresivos por parte del entonces Ministro de Exteriores, según su testimonio.
Zamora contó que al salir de una reunión sobre otro litigio de la Agencia alguien la estaba esperando para dirigirse a un cónclave del comité. Mientras ella seguía a esa persona se cruzó con Leyva, quien aseveró que era acusado de “cosas ilegales”.
“Él empezó a mover las manos y a decirme: ¿usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales?”, narró, y subrayó que se quedó “muy sorprendida”.
“Usted está diciendo que estamos haciendo cosas ilegales”, le recriminó Leyva.
Fue en ese momento cuando el político, al increparla, aseguró que la demanda que iba a llegar de parte de Thomas Greg iba a tardar. “Una demanda al Estado no sale ya, eso se demora. Primero me notifican a mí en la tumba”, fueron las palabras del exministro.
“Acá hay unos temas de corrupción muy graves”, argumentó Leyva. Según la jurista, hoy magistrada auxiliar en la JEP, ella le preguntó qué había observado y Leyva se limitó a responder que había “documentos muy graves”. Le puede interesar: Admiten demanda de Thomas Greg & Sons por licitación de pasaportes
Desde entonces, Zamora notó denuncias anónimas ante la Fiscalía y demandas de autoría desconocida de las que sabía el comité de conciliación. Al parecer, esas versiones solo alentaban esa atmósfera de posible corrupción, pero sin aportar mayores elementos de juicio.
La penalista apuntó en su testimonio que la posición de la Cancillería fue “absolutamente pasional” e “infundada”, pues “se buscó por todos los medios” llegar a una idea de corrupción que mantuviera estancada la licitación para los pasaportes.
“Todo esto enrareció el ambiente y generó esta situación de corrupción que hasta este momento no he entendido dónde está”, remarcó la jurista, al señalar que el Gobierno estuvo “avalando una supuesta corrupción cuando, para nosotros, no tenía argumentos jurídicos”.