La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó no concederle libertad “transitoria, condicionada y anticipada” al general en retiro Mauricio Santoyo Velasco. Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el exoficial no ha entregado suficientes aportes a la verdad para entregarle el beneficio.
El exuniformado de la Policía se encuentra sometido a la Jurisdicción por dos procesos penales, uno por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y otro por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. Como parte de su sometimiento, se comprometió a entregar una propuesta de verdad y reparación.
Sin embargo, de acuerdo con un auto de treinta páginas de la JEP, Santoyo “ha optado por guardar silencio y negar su participación en los hechos”, indicando, por ejemplo, que se declaró culpable “por conveniencia” en Estados Unidos, donde pagó una condena por haber sido colaborador con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La JEP ha considerado que los aportes de Santoyo podrían ayudar a nutrir el macrocaso 06, que investiga los crímenes contra quienes integraron el partido Unión Patriótica, y el 08, que busca juzgar los crímenes que agentes del Estado cometieron asociándose con el paramilitarismo. Por ello, fue convocado a una audiencia el 21 de marzo.
En esa diligencia, el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe negó que hubiese colaborado con la cúpula de las AUC mientras fue parte del Gaula de Medellín, pese a que la justicia de Estados Unidos lo probó al momento de imponerle una sentencia. Según dijo, se declaró culpable “por las circunstancias en que me encontraba”.
Para la Sala de Definición, Santoyo “mantuvo una actitud negacionista” que ha demostrado “reticencia al cumplimiento de los deberes que el compareciente tiene con las víctimas” y un “evidente incumplimiento de la condicionalidad a la que se encuentra sometido”, así que no podría entregarle un beneficio como la libertad, sino tomar medidas.
Actualmente, Mauricio Santoyo se encuentra recluido en el Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Posgrados de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, a donde fue enviado por disposición de la JEP. Ahora deberá presentar un “aporte de verdad plena” por escrito. Si no lo hace, podría ser expulsado de la Jurisdicción.