La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) se encuentra en el centro de la polémica después de que el presidente Gustavo Petro ordenara una investigación sobre un contrato de 129 mil millones de pesos para obras de mitigación de riesgo en La Mojana. El contrato, firmado con el consorcio RCG, ha despertado sospechas de corrupción y ha provocado críticas por la falta de avances significativos en las obras.
El contrato, destinado a la recuperación de la margen izquierda del dique del Río Cauca en el sector conocido como Rompedero de Caregato, fue adjudicado de manera directa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Las obras, que comenzaron el 27 de noviembre de 2023, han sido objeto de quejas constantes por parte de la comunidad local debido a la escasa mejora en las condiciones de la zona.
El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, reconoció el pago anticipado de 29 mil millones de pesos, a pesar de las preocupaciones expresadas por los residentes de La Mojana. Este desembolso ha intensificado las dudas sobre la gestión y ejecución del proyecto.
En un evento público el pasado 21 de febrero, el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, había calificado la inversión como “histórica”, prometiendo que pondría fin a las inundaciones recurrentes en el área y destacando la entrega de esperanza y progreso a la región. Sin embargo, el reciente reabrimiento del boquete en Caregato el 8 de mayo subraya la continua vulnerabilidad de la región a las emergencias naturales. Le puede interesar: Minagricultura avanza en las acciones para atender emergencia en Caregato
El consorcio RCG, liderado por Juan Leonardo Becerra Moreno, incluye a cuatro empresas con diversas participaciones en el proyecto. La controversia se ha intensificado debido a las conexiones de tres de estas empresas con Bucaramanga, ciudad natal de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd ahora investigado por corrupción.
El diario El Tiempo, entregó detalles de las empresas. Una de ellas, Petrolabin S.A.S., ha sido destacada en informes anteriores por adjudicaciones de contratos menores, mientras que EBM Construcciones e Interventorías S.A.S., otro miembro del consorcio, ha sido beneficiario de contratos lucrativos con varias entidades estatales entre 2020 y 2021.
Valco Holding S.A.S., representada por figuras vinculadas a negocios durante la gobernación de Hugo Aguilar, y Contrusego S.A.S., con vínculos en Bucaramanga, completan la alianza del consorcio. Esta última fue adjudicataria de un contrato con la Fuerza Aérea Colombiana para construir laboratorios en Cali.
El papel de Iron Construcciones SAS y su representante legal, también a cargo del consorcio, ha sido otro foco de atención, agregando más dudas sobre las prácticas de adjudicación y ejecución de contratos de la Ungrd.
Carlos Carrillo ha expresado preocupación por lo que describió como un “saqueo sistemático” amparado en la flexibilidad contractual de la Ungrd, dada su capacidad para responder a emergencias. Según Carrillo, la Unidad opera con “superpoderes” que permiten una contratación menos rigurosa en comparación con otras entidades del Estado. Lea aquí: Instalan Puesto de Mando Unificado por emergencia en ‘Caregato’
El consorcio RCG que representa Becerra está integrado por cuatro compañías con niveles diferentes de participación. La primera es Petrolabin S.A.S., inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y cuyas actividades económicas son la “construcción de otras obras de ingeniería civil” y “actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural”.
Petrolabin es liderada por Miller Castaño Padilla, representante legal, dueño también de Castaño Sais Ingenieros, firma que se dedica a actividades de ingeniería, extracción de petróleo y gas natural.
El Consorcio es EBM Construcciones e Interventorías S.A.S., es la a segunda empresa vinculada con RCG, la cual está ubicada en Valledupar. El representante legal es Ever de Jesús Castillo Jimeno.
Cabe indicar que, esta firma tuvo, entre 2020 y 2021, millonarios contratos con entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Alcaldía de Cali, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional de Vías, con un ingreso que superó los 1.900 millones de pesos.
Valco Holding S.A.S., es la tercera compañía del consorcio, representada legalmente por Martha Cecilia Estupiñán Sepúlveda y Mario Valderrama Cordero. La familia de este último, de acuerdo a información del diario Vanguardia, fue contratista durante la gobernación de Hugo Aguilar, cercano a Sneyder Pinilla.
De esta agrupación, hace parte la firma Iron Construcciones SAS, según datos del Registro Único Empresarial (Rues), es representada por Juan Leonardo Becerra Moreno, mencionado representante legal de todo el consorcio RCG. Lea también: Así está la situación en Caregato en medio de la emergencia por inundaciones
Contrusego S.A.S., es la cuarta empresa radicada en Bogotá y su representante legal es Erika Rocío Muñoz Gualdrón, una ingeniera santandereana graduada de la Universidad Industrial de Santander.
Esta última empresa, Contrusego, es la adjudicataria de un millonario contrato que supera los 5.000 millones de pesos con la Fuerza Aérea Colombiana. Este contrato tiene como fin la construcción de los laboratorios del edificio del espacio fase 1 en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.