En una reciente intervención en La W, con Julio Sánchez Cristo, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), abrió el telón sobre una serie de controversias que sacuden a la entidad. Carrillo expresó su preocupación y descontento con varias situaciones administrativas y legales que actualmente enfrenta la unidad.
El director habló específicamente sobre Iván Alfaro, un abogado que, según Carrillo, se niega a abandonar la entidad. “Cuando él entró a la entidad, acreditó solo una experiencia en su propia firma”, reveló Carrillo, señalando que Alfaro percibe un salario mensual de 24 millones de pesos. Además, en medio del escándalo, Alfaro solicitó un contrato de más de 100 millones de pesos para su firma Capstone Group Attorneys, lo cual Carrillo describió como un acto de “cinismo”.
La tensión entre Alfaro y la dirección de la Ungrd se intensifica ya que, según Carrillo, Alfaro mantiene intereses dentro de la entidad que comprometen su posición como asesor jurídico. “Es imposible para mí tener a ese señor como asesor jurídico. Cómo lo voy a poner al frente del caso cuando él hacía parte de esa dirección paralela de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó. Lea aquí: Procuraduría abre investigación a Olmedo López por tráfico de influencias
Otro punto de preocupación para el director es el papel de Luis Montes, de Ciénaga de Oro, en el nombramiento de Alfaro. Carrillo ha pedido que la Fiscalía investigue este y otros vínculos que podrían estar afectando la integridad de la entidad.
En relación con el escándalo denominado ‘Las Marionetas’, Carrillo lo calificó como “el más grande del Gobierno de Iván Duque”, insinuando que hay aspectos aún más graves en administraciones anteriores. Además, destacó la falta de un software que asegure la trazabilidad de los movimientos dentro de la Ungrd, algo que considera “sorprendente”.
Las irregularidades se extienden al descubrimiento de la desaparición de 69 cajas del archivo de la entidad tras el estallido del escándalo, un hecho que agrava la situación.
Carrillo también tocó el tema de Nicolás Petro y su relación con un grupo de personas de Ciénaga de Oro que trabajan en la unidad, defendiendo la diversidad del grupo y rechazando las críticas por su procedencia geográfica. Le puede interesar: Sneyder Pinilla salpicaría a más congresistas en escándalo en la Ungrd
Además, abordó las acusaciones contra congresistas y funcionarios del Gobierno involucrados en un supuesto intercambio de dinero por votos en las reformas, un caso que según él, debe ser resuelto por la Corte Suprema. “No puedo decir sí o no, pero la Corte Suprema debe determinar si eso se dio. Si fue así, esos congresistas deben ir a la cárcel”, declaró.
Finalmente, Carrillo criticó la estrategia de los hermanos Moreno, abogados de Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes, en su opinión, deberían enfocar su atención en los contratistas y no solo en el Gobierno.
Alfaro respondió a las acusaciones
Por medio de en un comunicado de prensa, el abogado Iván Alfaro, salió al paso de las declaraciones entregadas por Carrillo. El jurista rechazó de manera categórica que se haya estigmatizado a Laura Ojeda, a quien representa en el polémico caso a la cual fue vinculada por su esposo Nicolás Petro. “Rechazo que se le vincule con alguna irregularidad o supuesta remuneración indebida, pues se trata de asuntos disímiles que no tienen relación alguna y que las conjeturas maliciosas han querido afectar a su familia, solo por motivaciones políticas, pasiones coyunturales o intereses electorales de quienes acceden a la función pública y tergiversan la información”.
Alfaro entregó detalles de los contratos celebrados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Señaló que en junio de 2023 celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con la Fiduciaria La Previsora S.A - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo Nacional para la atención de Desastres.
“Las actividades que se pactaron corresponden a la prestación de servicios jurídicos especializados, pero en ningún caso contemplaron la gestión de la contratación ni la ordenación del gasto, pues tales funciones corresponden de forma exclusiva a las áreas administrativas (Dirección General y Secretaría General)”, manifestó. Siga leyendo: Olmedo López habría firmado actos administrativos antes de dejar la Ungrd
Agregó Alfaro que celebró un nuevo contrato en 2024, el cual se encuentra vigente y “no ha sido incumplido por el contratista. Tanto el contrato anterior y el actual contemplan la realización de actividades de asesoramiento, exclusivamente con la oficina asesora jurídica de la entidad”.
Y continuó: “En ningún caso actué como ‘jefe de facto’ ni superior de los funcionarios que ejercieron como secretaria general ni de la Oficina Jurídica, pues era evidente su experiencia en el sector público y su destacada formación académica”.
Por último, Alfaro agradeció a todas las personas que, ante los “ignominiosos ataques recibidos, manifestaron su solidaridad, respeto por la dignidad y apoyo irrestricto y motivaron la expedición de este documento que será el único pronunciamiento público que haré”.