Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser llamado a juicio por la Fiscalía, en el marco de una investigación en la que presuntamente coordinó varias acciones para lograr testimonios y pruebas que lo beneficiaran a él y a su hermano, Santiago Uribe, frente a las acusaciones de supuestos vínculos con grupos paramilitares.
La decisión de llevarlo a juicio la tomó el fiscal Gilberto Villarreal, quien tomó el caso el pasado 16 de enero, luego de dos preclusiones fallidas y de dos fiscales que no pudieron abordar la investigación.
Aunque Uribe Vélez aseguró que su juicio es político, en un documento de 13 páginas, el fiscal explicó que las pruebas en su contra son contundentes. Lea aquí: Uribe afirma que juicio en su contra tiene motivaciones políticas
El principal testigo que lo relaciona es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Este hombre, quien fue condenado en 2008 a 40 años de prisión por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, aseguró que fue contactado en nombre del expresidente, por el entonces abogado Diego Cadena para retractarse de declaraciones que había hecho en contra de los hermanos Uribe. Lo anterior a través de su excompañero de celda, Enrique Pardo Hasche.
De ese hecho existe un audio grabado por Monsalve, pero también una grabación en la que Cadena le habría ofrecido beneficios por retractarse.
“En desarrollo de la conversación el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre de Álvaro Uribe Vélez y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero, cuyo término para sustentar se vencía al día siguiente, esto es el 23 (febrero)”, determinó en su momento la Corte Suprema.
Pero no solo lo habría hecho con Monsalve. La Fiscalía encontró evidencias de que Cadena, quien está en juicio por esos hechos, visitó varias cárceles del país en busca de testigos que declararan a favor de Uribe, en medio de su controversia judicial con el senador Iván Cepeda. Esto por orden de Uribe.
“Tras reuniones especiales que -en los primeros meses del 2017- propició o facilitó su pariente y exsenador de la república Mario de Jesús Uribe Escobar, Álvaro Uribe impartió instrucciones precisas al abogado Diego Javier Cadena Ramírez”, señaló la Fiscalía. Lea aquí: Gobierno socializa texto de reforma que daría ‘superpoderes’ a Petro
Todo esto “para que, directamente o con otras personas, ubicarán y contactaran a ex paramilitares u otros ciudadanos que, a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio sobre supuesta maquinación que los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve tenían para involucrar a los hermanos Uribe en actos delictivos y de la que también haría parte el parlamentario Iván Cepeda Castro”, agregó el ente investigador.
En ese contexto, el abogado Cadena se reunió en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), con Carlos Enrique Vélez, para convencerlo de que mintiera a la justicia.
La pretensión era asegurar que “en el pasado habría sostenido una reunión en la cárcel La Picota en Bogotá con el parlamentario Iván Cepeda Castro, y que a la vez, desmintiera las afirmaciones que su exjefe Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo”, había hecho en contra de los hermanos Uribe Vélez sobre sus supuestas relaciones con el paramilitarismo.
Para tal fin contaron con la ayuda —según la Fiscalía— de otros ex paramilitares, Darley Guzmán Pérez “Jopra”; Jhon Jaime Cárdenas Suárez “Fosforito”; Fauner José Barahona Rodríguez “Racumín”; y Eurídice Cortés Velasco “Diana”.
Cadena siguiendo las instrucciones de Uribe, de acuerdo con la Fiscalía, también contactó y entrevistó en la cárcel de El Buen Pastor a la exfiscal Hilda Niño Farfán, para que entregara declaraciones sobre una supuesta confabulación de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando para que Santiago Uribe fuera acusado.
También logró que Juan Carlos Sierra Ramírez “El Tuso” declarara a favor de Uribe por hechos similares.
Todas esas pruebas deberán ser presentadas en juicio por la Fiscalía, que tiene hasta el 19 de octubre de 2025, fecha en la que prescribe el proceso, para evitar que quede en la impunidad.
Proceso judicial
El proceso contra Álvaro Uribe tuvo su génesis en el año 2012, cuando después de un debate en el Congreso, el expresidente denunció al senador Iván Cepeda por haber, supuestamente, ofrecidas sumas de dinero y beneficios jurídicos a antiguos jefes paramilitares, para que estos declararan en contra del exmandatario y lo señalaran de ser el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y autor de crímenes como la masacre del Aro.
Seis años después, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban, y reveló que, por el contrario, había encontrado pruebas en contra de Uribe de cómo había, presuntamente, manipulado testigos que su abogado Diego Cadena se encargaba de contactar en las diferentes cárceles del país.
Por esa razón, el 24 de julio de 2018, la Corte decidió abrir una investigación formal en su contra. Estos han sido los momentos clave de su proceso.
- 8 de octubre de 2019: El expresidente Uribe se presentó ante la Corte y rindió su declaración.
- 4 de agosto de 2020: La Corte Suprema, luego de más de dos años de investigaciones, ordenó prisión domiciliaria contra el expresidente Uribe, porque encontró evidencias de posibles riesgos de obstrucción a la justicia por parte del expresidente durante el recaudo de pruebas.
- 18 de agosto de 2020: Uribe envió una carta al entonces presidente del Senado, Arturo Char, presentando su renuncia a la curul que ocupaba desde 2014. Según el exmandatario, la medida de detención domiciliaria en su contra anulaba sus posibilidades de regresar al legislativo.
A partir de ese momento inició la discusión sobre si su proceso debía continuar en la Corte Suprema de Justicia o si debía pasar a la Fiscalía General de la Nación. Además, se presentó un debate sobre los verdaderos motivos que Uribe había tenido para salir del Senado.
- 31 de agosto y 1 de septiembre de 2020: La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviar a la Fiscalía el expediente contra el expresidente.
- 4 de septiembre de 2020: A partir de la decisión de la Corte, el caso llegó oficialmente a la Fiscalía, donde fue asumido por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes.
- 6 de noviembre de 2020: El juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la decisión de que el expresidente pudiera afrontar el proceso en libertad.
Además tomó una decisión trascendental para el proceso, pues consideró que en el proceso de Uribe se podía equiparar a la indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia, bajo el antiguo proceso que se surte bajo la Ley 600 del 2000, con la imputación de cargos, que hace parte del actual Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
- 15 de enero y 20 de enero de 2021: Por considerar que existe una clara violación al debido proceso en la decisión de equiparar la indagatoria con la imputación, los abogados del expresidente radicaron una tutela el 15 de enero, en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá por la presunta violación al debido proceso.
- 27 de enero de 2021: El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que instauró la defensa de Álvaro Uribe Vélez, con la que buscaba que se tumbara la condición de imputado de su cliente investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, porque no son los magistrados los que deben decidir el nuevo rumbo del proceso, sino que ya es competencia de la Fiscalía. Esta decisión fue impugnada.
- 5 de marzo de 2021: La Fiscalía General de la Nación anunció que el fiscal a cargo del proceso contra Álvaro Uribe, Gabriel Ramón Jaimes, solicitará audiencia ante un juez de conocimiento para pedir la preclusión de la investigación contra el exmandatario.
- 26 de julio de 2021 hasta el 28 de abril de 2022. Inició y concluyó la audiencia de preclusión contra el expresidente. El juez la negó.
- 2 de mayo de 2022: Fiscalía asignó el caso al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas.
- 29 de julio de 2022: Cárdenas radicó la segunda solicitud de preclusión
- 23 de mayo de 2023: La jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, negó la segunda solicitud de preclusión.
- 29 de septiembre de 2023: La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de negar la preclusión.
- 13 de octubre de 2023 al 9 de enero de 2024: Fiscalía designa al fiscal Andrés Palencia, quien el día que tenía que decidir si llamaba a juicio al expresidente o pedía una nueva preclusión, decidió renunciar por asuntos personales y familiares. Fue nombrado el fiscal 12 Delegado ante la Corte Víctor Salcedo.
-16 de enero de 2024: El fiscal Víctor Salcedo se declara impedido para conocer del proceso porque años atrás cuando era abogado litigante y columnista opinó sobre el caso. Fue Gilberto Villarreal.
-9 de abril de 2024: La Fiscalía radica el escrito de acusación.