Todo parece indicar que el presidente, Gustavo Petro, sigue firme en su decisión de entregarle los puertos de Buenaventura a cooperativas de pescadores que él llama “genuinas”. De hecho, ratificó que a Ventura Group no se le extenderá el contrato del muelle 13.
En días anteriores, el mandatario dijo desde el Pacífico que: “Nosotros queremos que los medios de producción estén en el manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca y el muelle en Buenaventura debe ser de cooperativas genuinas de pescadores, no de cooperativistas de mentiras que están con la mafia y aparentan para quedarse con el puerto”.
Hoy insistió en este punto por medio de su cuenta de X al precisar: “No se le quita el contrato. El contrato llega a su final, punto”, refiriéndose a Álvaro Rodríguez, principal accionista de Ventura Group. No deje de leer: Petro acusó a Álvaro Uribe de evadir impuestos: “No nos paga el predial”
El empresario interpuso un recurso de reposición buscando que le mantuvieran la prórroga por 20 años más, alegando que se le violaron sus derechos, ya que en diciembre del año pasado le comunicaron la prórroga y esta sufrió un reverso repentino.
Según Cambio, esto ocurrió tras una decisión del ministro de Transporte, William Camargo, quien ordenó a su equipo en la ANI expedir una nueva decisión en la que se permitió que la sociedad Grupo Portuario de Ventura Group tuviera la operación de la terminal marítima hasta 2025. A partir de ese año pasaría a la Armada. Lea también: Gustavo Petro acusó a Alejandro Gaviria de favorecer EPS desde Mineducación
El empresario, incluso, en medio de la asamblea de afiliados que se celebró a finales de febrero manifestó estar viviendo un infierno: “Que le comuniquen a uno el día de los inocentes que su prórroga no se hará, después de haber cumplido dos años y medio de trámites y estrictamente con lo que señala la ley, pues no es nada estimulante”, dijo ante los presentes. Pero la ANI y el Gobierno se mantuvieron firmes en su decisión.
También trascendió que la Procuraduría General de la Nación está investigando el tema y, de hecho, ya asistió a las oficinas de la ANI para “adelantar una labor preventiva que busca anticiparse y evitar la concurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública”. Se busca también determinar si hubo fallas disciplinarias durante la toma de decisiones.