Luz Adriana Camargo Garzón fue escogida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva fiscal general de la Nación. La Corte le notificó el mismo 12 de marzo, personalmente, y a partir de allí corre al menos un mes de plazo para entregar documentación, comenzar empalmes y, finalmente, tomar posesión.
Como sucesora de Francisco Barbosa y de la interinidad de Martha Mancera, Camargo tendrá que encargarse de varias investigaciones que marcaron su era antecesora. Aunque es común que quien ocupe la jefatura del búnker no adelante casos personalmente —y Barbosa no lo hizo—, sí está clara la jerarquía al interior de la entidad. Lea aquí: Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal general de la Nación
Es decir, aun si Camargo decide no encargarse por sí misma de algún proceso, sí tiene potestad para remover funcionarios, publicar directivas, nombrar a personas encargadas, aceptar impedimentos, entre otras tareas que pueden influir en el trasegar del ente acusador, que viene de una época de confrontación con el Gobierno nacional.
Francisco Barbosa intensificó su oposición frente al presidente Gustavo Petro en los últimos meses de su período, lo que empañó la labor del órgano penal, que ya había dejado a la deriva casos relevantes, como el del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos o el de la muerte del exauditor de la Ruta del Sol II Jorge Pizano.
Caso Pizano y Uribe
En ambos episodios la Fiscalía buscó una preclusión. En el caso de Pizano, un juez de Funza (Cundinamarca) negó la solicitud y reprochó el papel investigativo de la Fiscalía, que se enfocó en una sola tesis y omitió indagar sobre quién pudo causarle la muerte tanto a Pizano como a su hijo, quienes tomaron de una botella de agua envenenada.
a Fiscalía insistió en que Jorge se suicidó, dejó la botella en su oficina y su hijo, al día siguiente, ingirió el mismo líquido. Pero el juez descartó esa tesis, pues la entidad nunca presentó alguna prueba que la corroborara. El fiscal Carlos Escobar apeló la determinación, así que una segunda instancia tendrá la última palabra. Le puede interesar: Pedirán desarchivar investigación por muerte de Jorge Enrique Pizano
Si la segunda instancia vuelve a desestimar la preclusión, la fiscal general, que será Luz Adriana Camargo, tendrá que nombrar a una persona que se encargará del futuro del proceso, recaudará pruebas y decidirá si llega a alguna imputación. Algo similar ha sucedido con el caso del expresidente Uribe por presuntamente torcer testigos.
Álvaro Uribe es procesado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Cinco fiscales han tenido en sus manos la causa. Dos de ellos, incluyendo al coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, pidieron precluir el caso, pero dos juezas y el Tribunal de Bogotá rechazaron esa petición.
La justicia concluyó en ambos procesos que la Fiscalía no llegó a una conclusión segura, sino que interpretó a conveniencia los elementos materiales probatorios, descartó otros y se inclinó por una postura probablemente incorrecta. En otros casos, en vez de cuestionamientos, la Fiscalía ha llevado a buen puerto sus casos.
Caso Zuluaga
Por ejemplo, la administración de Francisco Barbosa, nueve años después de la campaña presidencial que llevó a la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, logró consolidar la evidencia que existe en contra del entonces mayor adversario de Santos, el exministro Óscar Iván Zuluaga, e imputarlo por tes delitos.
Zuluaga, presuntamente, recibió 1.6 millones de dólares de la corrupta Odebrecht. En Colombia, recibir financiación de empresas internacionales es ilegal. El exintegrante del Centro Democrático, además, no reportó el dinero. Le recomendamos: Este es el nuevo fiscal del caso contra Óscar Iván Zuluaga por Odebrecht
El 11 de abril el fiscal Juan Parada presentará ante un juzgado especializado la acusación que finalmente llevará a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo, su exgerente de campaña, David, a un juicio en el que uno de los debates principales será si se aceptan como evidencia unos audios en los que Zuluaga se autoincrimina.
Caso Laura Sarabia
Entre otras imputaciones relevantes, la Fiscalía ha presentado ante juzgados de garantías a varios policías que presuntamente participaron en tratos crueles en contra de Marelbys Meza, la exniñera de la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, sometida a un polígrafo y a ‘chuzadas’ a su teléfono. Lea también: Implican a otro policía en el caso del polígrafo contra Marelbys Meza
Hasta el momento, la Fiscalía no ha culminado una indagación preliminar que pueda involucrar directamente a Sarabia con los hechos, lo que significa que cualquier etapa en curso en su contra deberá resolverse en la administración de Luz Adriana Camargo. La defensa, hasta ahora, sostiene que la exdirectora de Prosperidad Social no tiene nada que ver.
Caso Nicolás y financiación de campaña Petro
Siguiendo con el círculo cercano del presidente Petro, la administración de Camargo continuará con el caso en contra del primogénito del mandatario, el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, quien fue capturado, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y llevado a juicio en medio del período de Francisco Barbosa.
El fiscal Mario Burgos acusó a Nicolás a partir de las declaraciones de su expareja, Daysuris Vásquez, quien es testigo clave dentro del proceso gracias a un principio de oportunidad autorizado por la cúpula de Barbosa y por un juez de garantías de Barranquilla. Vásquez tiene inmunidad a cambio de seguir señalando a Petro.
El caso de Nicolás Petro es solo una rama de las investigaciones que comenzaron la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para determinar si hubo dinero irregular en la campaña de 2018 del actual jefe de Estado. Le recomendamos: Comisión del Congreso cita a Nicolás Petro por financiación de campaña de su papá
Poco antes de terminar el período de Barbosa, la Fiscalía comenzó a inspeccionar las cuentas de Fecode, el sindicato de maestros, para averiguar si aportaron una millonaria suma a la contienda electoral que luego el Pacto Histórico y el presidente, presuntamente, no reportaron. Tanto Petro como Fecode se oponen a la indagación.
Entre otros sindicatos investigados, a los que Luz Adriana Camargo tendrá que poner la lupa, se encuentra la Unión Sindical Obrera (USO), de Ecopetrol, que acordó entregar $600 millones para financiar el transporte y la alimentación de los testigos electorales que resguardaron los votos de Petro y del Pacto.
Cada decisión que Camargo tome en procesos de alto impacto, estancados o en curso, deberá ser examinada en función de la independencia que debe mantener una entidad como la Fiscalía General. Le recomendamos: ¿Quién es Luz Adriana Camargo? La nueva fiscal general de Colombia
“Lo que esperamos es que esta nueva Fiscal coja las riendas y vuelva a la Fiscalía una institución completamente pulcra que le dé confianza a toda la ciudadanía colombiana”, indicó el presidente colombiano luego de la elección de Camargo Garzón, y remachó: “Ya veremos de aquí para adelante”.