La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, investigará el atentado con cohetes y morteros que perpetró la guerrilla de las Farc en Bogotá el 7 de agosto de 2002 durante la posesión como presidente de Álvaro Uribe, hecho que dejó 19 muertos y 40 heridos.
La investigación, detalló el alto tribunal, hace parte del caso 10 sobre crímenes no amnistiables que cometieron las Farc.
Por esa razón, la Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó realizar inspecciones a dependencias de la Alcaldía local de San Cristóbal, en Bogotá, así como a las secretarías de Salud y de Integración Social de la capital colombiana; la Policía Nacional, y el Batallón de Infantería No. 37 ‘Guardia Presidencial’ del Ejército.”
La finalidad de estas inspecciones judiciales es identificar datos de todas las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos ese día”, agregó la información. Lea aquí: Contraloría advirtió irregularidades millonarias en el Ministerio de Minas
El 7 de agosto de 2002 las Farc lanzaron cohetes y morteros contra la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, poco antes de la investidura de Uribe como presidente.
Algunos cohetes se desviaron y cayeron en viviendas de El Cartucho, una barriada del centro de Bogotá, y mataron a 19 personas e hirieron a otras 40. Las víctimas eran en su mayoría habitantes de calle que habitaban esa zona cercana a la Casa de Nariño.
El entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón y presidentes latinoamericanos estaban en esa ocasión como invitados a la posesión del jefe de Estado. No deje de leer: Los múltiples bienes millonarios que posee Salvatore Mancuso
La JEP abrió el caso 10 en julio de 2022 para investigar los crímenes no amnistiables y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) como homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual, y el uso de medios y métodos ilícitos de guerra cometidos por las Farc durante el conflicto.
Hasta el momento, el tribunal ha recogido en su investigación 306 informes presentados por la sociedad civil y la Fiscalía sobre los crímenes que cometió la guerrilla en el conflicto.