Con una audiencia que se tomó casi todo el día, este lunes la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evaluó qué tanto está protegiendo el Estado a la población firmante del Acuerdo de Paz de 2016, teniendo en cuenta el desalentador panorama de asesinatos y amenazas.
De acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, desde el 2017 hasta finales de 2023, al menos 406 excombatientes de las antiguas Farc han sido asesinados mientras estaban en proceso de reincorporación. El Sistema de Registro de Afectaciones de la JEP retoma la cifra.
“Hoy no deberíamos estar aquí”, empezó diciendo el magistrado Gustavo Salazar, de la Sección. En su criterio, la diligencia “muestra que se ha fallado gravemente en la implementación del Acuerdo de Paz”. “Esas fallas apuntan al corazón del deber fundamental del Estado”, expresó el togado al dar apertura al encuentro en Pitalito (Huila).
Salazar manifestó que en 2020, mientras Iván Duque era presidente y la Sección dispuso las medidas cautelares, “los asesinatos de firmantes eran una situación de cuya gravedad parecía que no quería darse cuenta la administración de crímenes”. Eso era hace casi cuatro años, pero el flagelo aún no encuentra un cese satisfactorio. Lea aquí: ¿En qué consiste el modelo de salud preventivo que ordenó el presidente Petro?
“El destino de un firmante de paz no puede ser la muerte violenta. Los procesos de paz son para traer vida”, continuó el magistrado. A renglón seguido, cuestionó por qué fue necesaria una orden judicial para que la Unidad Nacional de Protección mejorara los esquemas de protección para firmantes, algo que aun ahora presenta falencias.
Salazar destacó que, con la de este lunes, van doce audiencias para evaluar la seguridad de quienes están reincorporándose, mas siguen sin encontrar mejorías concretas por parte del Estado. Incluso, reprochó que esta ocasión llegue en medio de la política de Paz Total que el Gobierno busca implementar al acercarse a otros grupos armados.
Una de esas organizaciones ilegales es el autodenominado Estado Mayor Central, una disidencia de las extintas Farc comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, ‘Iván Mordisco’. El mayor reparo del magistrado es que las zonas en las que más se han presentado asesinatos de firmantes son las que tienen mayor presencia de disidentes.
“Todo indica que esta agrupación, no la única, es la que de manera preponderante se ha dedicado a extender su presencia asesinando tanto a firmantes de paz como a comunidades y sus líderes. Le pregunto al Gobierno nacional, al Comisionado de Paz, ¿el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de paz?”, espetó.
Cabe resaltar que el comisionado, Otty Patiño, estaba citado a responder en la audiencia, mas no se presentó. Esa ausencia le valió críticas por parte de la magistratura de la JEP, representada por Salazar, María del Pilar Valencia, Reinere Jaramillo, Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez.
“¿Quiénes están matando a los firmantes de paz en esta zona del país? Las disidencias. Están negociando con ellos, ¿qué implicaciones ha tenido en el proceso de paz toda esta masacre? ¿No les están exigiendo nada, no hay monitoreo efectivo o qué está pasando? Porque esto sigue y sigue, con un cese del fuego o una negociación”, se preguntó el magistrado Ramelli.
Salazar continuó su discurso reiterando que los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, en tanto ellos son población civil, son crímenes internacionales, de lesa humanidad, imprescriptibles y no susceptibles de amnistías o indultos. Sobre todo cuando, explicó, el derecho internacional humanitario se usa para negociar ceses al fuego. Lea aquí: El abogado de ‘Pacho Malo’ se opuso a la petición de imponer prisión preventiva
“Está identificado que el 70% de los autores de crímenes contra firmantes del acuerdo de paz están vinculados a una estructura criminal, de manera particular, en esta región que estamos abordando, al autodenominado Estado Mayor Central”, puntualizó el vicefiscal general interino, Hernando Toro, como complemento.
Otro de los intervinientes fue Giovani Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es como la Fiscalía de la JEP. Álvarez aseveró que el panorama para los firmantes es lamentable, pues se encuentran en un pical entre las balas del Estado Mayor Central o de la autodenominada Segunda Maquetalia.
Según el director, el 19% de firmantes que han sido asesinados fueron acribillados mientras esperaban una respuesta estatal sobre su esquema de protección. “Estamos fallando en la protección y en la agilidad con la que se atiende la protección”, remarcó Álvarez, al tiempo que señaló que esa cifra representa casi una quinta parte de las víctimas.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, aseguró que ha emitido 29 alertas tempranas para departamentos del sur del país. El 60% de esas, dijo el delegado Ricardo Arias, “ha identificado riesgos diferenciales para las personas signatarias del Acuerdo de Paz”. La magistratura luego discutió si acaso era necesario reforzar las respuestas a las alertas.