La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra varios funcionarios del Ministerio de Hacienda debido a presuntas irregularidades en la liquidación del Presupuesto General de la Nación para el año 2024, anunció el ente de control este lunes 26 de febrero.
El escándalo, que resultó en la renuncia de Claudia Numa, directora de Presupuesto del ministerio, surgió tras descubrirse que 13 billones de pesos del presupuesto fueron asignados sin una especificación clara de rubro, generando una ola de controversia y cuestionamientos sobre la gestión presupuestal del Gobierno de Gustavo Petro.
La investigación se centra en el decreto con el que se liquidó el presupuesto, donde se incluyeron partidas globales sin la debida clasificación y definición de gastos, lo que pone en riesgo la ejecución presupuestal y transparencia en la asignación de recursos. Lea aquí: Capturan a funcionario de la Fiscalía por “auspiciar y facilitar” el contrabando
La Delegada para la Economía y Hacienda Pública de la Procuraduría señaló que se han recogido evidencias de posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones, lo que podría constituir omisiones en el proceso legislativo y falta de claridad en la destinación de fondos de inversión.
El organismo de control también revisará el Decreto 2295 del 2023, que detalla los gastos programados para 2024, y la fusión de documentos técnicos y normativos en un solo texto, lo cual ha levantado interrogantes sobre la adecuación y legalidad del proceso. Además, se indagará sobre la falta de un acta gestionada por la secretaría técnica del Consejo de Ministros, cuya omisión resultó en la pérdida de conclusiones importantes y la elaboración tardía de documentos esenciales. Le puede interesar: La Procuraduría pide tomar medidas para atender la desnutrición infantil
La Procuraduría ha ordenado la práctica de nuevas pruebas para identificar a todos los sujetos procesales implicados y determinar si las irregularidades detectadas constituyen faltas disciplinarias. Este proceso busca aclarar si hubo una exclusión de responsabilidad por parte de los funcionarios involucrados.