La Presidencia solicitó la dimisión de Ana María Ordóñez Puentes, quien ocupaba el cargo de directora de Defensa Jurídica Internacional en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje). La renuncia de Ordóñez, presentada el 17 de enero, entrará en vigencia hasta el 30 de este mes, según informó La Silla Vacía.
La Andje es la entidad encargada de representar a Colombia en disputas legales de gran envergadura con inversionistas extranjeros. Ana María Ordóñez, a cargo de la dirección desde 2017, lideró un equipo de abogados especializados en el ámbito internacional. La solicitud de renuncia provino de la Presidencia, según fuentes cercanas al organismo. Lea aquí: “Dejémoslo que divague”, Minhacienda a Minsalud por propuesta de tributaria
La dimisión de Ordóñez sigue a la salida de la directora de la Andje, Martha Lucia Zamora, tras un enfrentamiento con el canciller Álvaro Leyva, solicitada por el presidente Gustavo Petro. Además de Ordóñez, también dejará su cargo César Augusto Méndez, director de Defensa Jurídica Nacional, quien llevaba 12 años en la entidad.
La decisión de relevar a dos directores con larga trayectoria plantea incertidumbres sobre el enfoque que desea implementar el presidente Petro en la Agencia. La dimisión de Ordóñez, a pesar de sus logros en la dirección, plantea preguntas sobre el futuro de la entidad, que aún enfrenta 15 pleitos multimillonarios en el ámbito internacional. Lea aquí: Hugo Aguilar aceptó en la JEP que participó en la creación de Los Pepes
Ana María Ordóñez expresó que su salida fue forzada y reconoció que desconoce quién solicitó su renuncia. Destacó que, bajo su liderazgo, la Andje logró ahorros significativos y una tasa de éxito del 99% en los casos de arbitraje internacional, incluido el pleito con Naturgy de España.
Su dirección, creada durante la administración de Luis Guillermo Vélez, contribuyó a evitar pagos millonarios al país. Con la salida de Ordóñez, se pierden siete años de progreso institucional, según exdirectores de la Agencia. Aunque su área de trabajo incluía litigios ante la Cidh y la Corte Interamericana, su impacto en esa área es menos relevante, ya que la estrategia del Gobierno con Zamora era buscar soluciones amistosas con las víctimas.
El futuro de la Agencia y sus pleitos internacionales, incluido el caso de Sea Search Armada, dependerá de la dirección entrante y de cómo se aborden estratégicamente los desafíos legales en curso.