Ante la incertidumbre por las condiciones jurídicas que enfrentarían las personas colombianas privadas de la libertad en Ecuador, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó al Gobierno colombiano a coordinar con las autoridades ecuatorianas un mecanismo jurídico para gestionar su potencial ingreso al territorio nacional.
Ecuador enfrenta una ola de violencia que ha provocó una respuesta del Gobierno a través de una ofensiva militar contra bandas criminales. Ante la crisis, el presidente Daniel Noboa anunció medidas para deportar presos extranjeros, especialmente colombianos, para, según su promesa, aliviar la superpoblación carcelaria y mejorar la seguridad.
Las autoridades ecuatorianas priorizan la deportación de presos colombianos basándose en estadísticas que muestran su presencia significativa en las cárceles del país. Al respecto, en un comunicado emitido este fin de semana, Camargo Assis expresó su preocupación y resaltó la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales y cumplir las normativas internacionales vigentes. Lea aquí: Más de 1.000 capturados tras varios días de conflicto armado en Ecuador
“Hago un llamado al Gobierno de Colombia, y en particular a las autoridades migratorias, para que se concerte con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos”, afirmó Camargo.
La Defensoría alertó sobre el eventual impacto de esta expulsión, especialmente en las áreas fronterizas. Además, el defensor destacó la necesidad de prepararse para esta eventualidad, calificándola como una situación excepcional ocasionada por la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. Lea también: Investigan la posible entrada a Colombia de alias ‘Fito’, criminal ecuatoriano
Según datos actuales proporcionados por la Defensoría del Pueblo, en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646 ciudadanos cumpliendo sus penas, y un hacinamiento del 24.3%. La situación carcelaria en el país es un factor relevante a considerar en la planificación de la posible recepción de connacionales condenados provenientes de Ecuador.