La Contraloría General emitió dos fallos de responsabilidad fiscal sobre contratos de Saludcoop EPS y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, agente especial interventor de Saludcoop, por irregularidades detectadas en la suscripción y pagos de contratos de prestación de servicios, de obra y de promesas de compraventa.
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, afirmó que los contratos no se alineaban con el objeto social de la EPS y encontró desembolsos que no tenían relación con la cobertura y provisión de servicios de salud. Lea aquí: Jóvenes en paz de tendrá seis mil beneficiarios en su primera fase
En ambos casos, se estableció la existencia de daño patrimonial. El primero por un monto de $7.942 millones y el segundo por $1.413 millones.
El fallo por $7.942 millones está vinculado a los pagos realizados por los contratos de promesa de compraventa de tres clínicas durante el año 2015, periodo en el cual la EPS se encontraba bajo intervención.
Las clínicas en cuestión son la Clínica Materno Infantil, Clínica Neiva y Clínica Tunja. Estos desembolsos no se ajustaban a la naturaleza del gasto establecida por la normativa, careciendo de relación con la cobertura y provisión de servicios de salud. Lea aquí: Al menos 163 líderes fueron asesinados entre enero y noviembre en Colombia
Los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son de carácter parafiscal e integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), según la constitución. Por ende, está prohibido destinar o utilizar dichos recursos para fines distintos a los de la seguridad social.
En el segundo fallo, por $1.413 millones, se señalan los pagos realizados en el marco de los contratos de prestación de servicios y de obra durante los años 2014 y 2015.
Estos contratos tenían como objetivo el diseño arquitectónico, amoblamiento de las oficinas de la sede 109 y adecuaciones en la oficina de atención al usuario de la Regional Cundinamarca.
Dichos pagos resultaron en mejoras en propiedad ajena sobre inmuebles arrendados por la EPS, sin relación con su objeto social ni con las actividades de aseguramiento en salud y garantía de la prestación del servicio a sus afiliados.
Finalmente, es importante destacar que la entidad se encontraba en intervención forzosa para administrar, decretada por la Superintendencia Nacional de Salud.