Una resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil establece que el ‘Referendo por la Vida’, promovido por miembros de la Misión Carismática Internacional, no cumplió con los requisitos legales o constitucionales para poder ofrecérselo a la ciudadanía.
De acuerdo con la Registraduría, al menos un 40% de las firmas presentadas por el comité promotor, liderado por las exconcejalas Sara Castellanos y Clara Lucía Sandoval, fueron anuladas, debido a datos que no correspondían o registros que estuvieron duplicados.
El ‘Referendo por la Vida’ buscaba cambiar el artículo 11 de la Constitución, que establece el derecho a la vida y es utilizado como criterio jurídico interpretativo para desarrollar la idea de que la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia es un derecho, como lo ha señalado la Corte Constitucional. Lea aquí: Juan Manuel Santos hace reparos otra vez a la paz total de Petro
Debido a ello, desde un inicio el movimiento Causa Justa, que logró el año pasado la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, estuvo pendiente de todo el trámite de la iniciativa. En ese sentido, el colectivo denunció varias irregularidades.
Una de las ilicitudes que llamó la atención fue una prórroga de tres meses, concedida por el Consejo Nacional Electoral, para recolectar las firmas necesarias, aunque no hubo una justificación pertinente. Asimismo, hubo “falta de publicidad y transparencia” en las decisiones de las autoridades electorales, según Causa Justa. Lea aquí: Británicos fingen tener bomba en aeropuerto El Dorado: los expulsan del país
El movimiento encontró, además, que la Registraduría tardó cinco meses en publicar la resolución con la que autorizó la inscripción del comité promotor del referendo, y que cuando se le solicitaba información al órgano electoral había respuestas “con información falsa e incompleta”.
Ya el 6 de septiembre la Registraduría subrayó que solo había registrado unas 1.6 millones de firmas, menos de las dos millones requeridas para impulsar cualquier referendo. Causa Justa, en su momento, destacó que de esa cantidad se había invalidado al menos un 37.7%.
El colectivo, que recoge a varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, aseguró a inicios de octubre que la iniciativa debía archivarse, por no alcanzar el número de apoyos necesarios y porque las promotoras no presentaron ningún escrito de contradicción contra la Registraduría, aunque tenía hasta el 13 de septiembre. Ahora, la entidad dirigida por Alexander Vega les da la razón.