El testimonio de ‘Otoniel’ estaba programado para los próximos 20, 21 y 22 de noviembre. No obstante, de acuerdo con la Jurisdicción, sesenta días antes se debía presentar una carta rogatoria al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La JEP debía enviar la carta al Ministerio de Justicia colombiano, en cabeza de Néstor Osuna. Este, a su vez, debía trasladarla a las autoridades norteamericanas, con el fin de buscar colaboración para crear condiciones en las que se obtenga la declaración del narcotraficante. Lea aquí: Oposición buscaría acuerdos para tumbar reformas sociales de Gustavo Petro
Como el trámite no ocurrió, la magistrada relatora del macrocaso 04, que estudia la situación territorial del Urabá por las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, emitió un auto en el que se aplazó el testimonio reservado de ‘Otoniel’. Lea aquí: Lo último: Eln promete que liberará al padre de Luis Díaz
“En conclusión, como el señor Dairo Antonio Úsuga David, se encuentra privado de la libertad en la Prisión Federal ADMAX, en Florence, Colorado (Estados Unidos), se enviará la respectiva carta rogatoria al Departamento de Estado de Estados Unidos, por intermedio del Ministerio de Justicia y del Derecho”, se lee en la decisión, firmada por Nadiezhda Henríquez.
La nueva fecha para que la JEP escuche a ‘Otoniel’ aún no está establecida. Luego de que se surtan los trámites entre las autoridades, el condenado podrá comparecer en una actuación que se ha visto truncada en distintas ocasiones.
‘Otoniel’, preso en Estados Unidos
Actualmente, ‘Otoniel’ purga una condena de 45 años que la justicia de Estados Unidos le impuso el 8 de agosto, luego de que el capo del Clan del Golfo aceptó caros en enero. La Fiscalía de Nueva York lo acusó de liderar una organización “terrorista y paramilitar” con la que secuestró y torturó a sus rivales “en su deseo de tener control y tomar venganza”.
El gobierno de Iván Duque firmó su extradición en mayo de 2022, aunque en Colombia debía encarar más de cien procesos penales y órdenes de captura, solicitudes de la JEP para ser escuchado y seis sentencias condenatorias por crímenes como homicidio agravado, desaparición forzada o reclutamiento de menores.