El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio de Salud de Protección Social, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) adoptar un plan de urgencia para atender la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos.
El mencionado plan, que el Ministerio deberá presentar a los diez días hábiles siguientes de la notificación de la decisión de hoy, deberá incluir gestiones en al menos tres aspectos recogidos por el Tribunal, de acuerdo con la decisión firmada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano.
Asimismo, el Tribunal ordenó “priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que se encuentran pendientes, a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales”.
Por último, el tercer elemento que el plan de Minsalud y el Invima deberá contener es la definición de las estrategias “para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamento”.
La demanda de la Procuraduría
La determinación de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca llega en medio del trámite de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos interpuesta por la Procuraduría General de la Nación.
El 2 de octubre, el Ministerio Público presentó un escrito alegando fallas en la dirección del sistema de Seguridad Social en Salud, posible corrupción dentro del Invima y desabastecimiento de “medicamentos esenciales para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos”.
La Procuraduría solicitó que el Tribunal establezca medidas de urgencia, algo a lo que el ente judicial accedió este martes, “para garantizar con ello (...) la totalidad de los medicamentos indispensables para atender las necesidades de salud de los ciudadanos”. Le puede interesar: Supersalud pide a Sanitas garantizar suministro de medicamentos tras crisis
El Tribunal mencionó que la entidad encabezada por Margarita Cabello no reclamó expresamente una medida cautelar, pero, aun así, encontró “elementos suficientes para proceder a su decreto de urgencia”. Es decir, impuso las medidas de oficio, “debido a la inminente violación de derechos colectivos (y también fundamentales) que se aprecia en el presente caso”.
El órgano de control pidió convocar una mesa de trabajo con el Invima, los gremios de farmacéuticas, la Andi, Acemi, representantes de usuarios, el DNP, y otras entidades. Por último, requirió que se expida un documento Conpes que establezca una nueva Política Farmacéutica Nacional.
La evidencia de desabastecimiento de medicamentos
El Tribunal analizó que existe un “represamiento” en el trámite de solicitudes elevadas ante el Invima y una escasez de medicamentos. “Estima el Tribunal que la escasez de medicamentos, especialmente cuando de se trata de enfermedades graves, puede acarrear el desenlace fatal en muchos casos o el deterioro significativo de la calidad de vida de los sobrevivientes, con secuelas permanentes sobre su existencia, en muchos casos”, se lee en el auto de 27 páginas de este martes.
La Procuraduría decidió poner de presente la crisis de los medicamentos en medios de comunicación y en las entidades encargadas de resolverla (el Ministerio de Salud y el Invima), pero estas “no han mostrado los resultados esperados”. Incluso, “se advierte un agravamiento de la situación”.
De hecho, el Invima confirmó en un oficio que existe desabastecimiento de “algunos medicamentos”. No obstante, advierte el Tribunal, “no hay una solución concreta para priorizar el trámite del registro de dichos activos”, incluyendo a más de 27 mil solicitudes relacionadas con el registro sanitario de medicamentos que se encuentran radicadas desde 2017 sin que haya respuesta. Lea también: Desde este 1 de noviembre: China elimina su última barrera contra el COVID
La Procuraduría recogió reportes de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La Asociación aseguró que en septiembre de 2022 siete EPS de su agremiación informaron sobre el desabastecimiento de 104 principios activos, mientras que el Invima advirtió sobre 50 medicamentos en riesgo de escasez y 15 referencias totalmente desabastecidas.
En marzo de 2023, Acemi volvió a emitir una alerta a través de un comunicado: “Varias EPS agremiadas en Acemi, que tienen a su cargo la gestión del riesgo de cerca de 34 millones de personas afiliadas, reportaron novedades de abastecimiento de 1.242 principios activos”.
Ahora, los diez días de plazo que tienen Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, y Germán Velásquez, director del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, empiezan a correr dos días después de su notificación. Como la decisión del Tribunal es del 30 de octubre y se publicó hoy, las entidades demandadas tienen hasta el 16 de noviembre, aproximadamente, para responder.