Una turba incendió la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar, lo que resultó en la lamentable pérdida de una funcionaria de la entidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el suceso que tuvo lugar el sábado por la tarde, calificándolo como una consecuencia de la inhabilitación de un candidato local a la Alcaldía por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El presidente expresó su desacuerdo con la inhabilitación de candidatos en vísperas de las elecciones, argumentando que esto puede desencadenar violencia y disturbios en el país. Subrayó la trágica muerte de una mujer en Gamarra, Cesar, como resultado de estos hechos. Lea aquí: Muere una mujer tras ataque a sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar
Durante los disturbios, cuatro personas resultaron heridas, incluyendo a la registradora de Gamarra, Patricia Castro Roca, y dos funcionarios de la misma entidad, además de un policía. Los heridos están siendo atendidos en un centro hospitalario de la región. Lamentablemente, Duperly Arévalo, una supernumeraria de la Registraduría que se refugió en el baño de la sede, perdió la vida en medio del incendio. Arévalo, madre soltera de dos hijos, tenía 13 y 7 años de edad. Lea aquí: Indígenas de la Amazonía exigieron al gobierno respetar sus derechos
El general William René Salamanca, comandante de la Policía Nacional, anunció que se ofrecerá una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de los responsables de este atentado criminal. También se ha ordenado el traslado de un equipo especial de policía judicial para liderar la investigación correspondiente.
La Registraduría condenó este acto de violencia y solicitó a las autoridades que identifiquen a los responsables. Según la información disponible, se cree que los atacantes son seguidores de una campaña política en el municipio de Gamarra. Además, se insta a que se investigue y se identifique a los autores intelectuales de estos actos.
La Registraduría hizo un llamado a las autoridades para garantizar la transparencia y normalidad de las elecciones programadas para el 29 de octubre, así como la protección de la vida e integridad de sus funcionarios en todo el país, quienes han trabajado incansablemente por un proceso electoral transparente y seguro.