Representantes de cuatro pueblos indígenas de la Amazonía colombiana le exigieron este viernes al Gobierno de Colombia respetar sus derechos a la vida, a la libre determinación y los incluya en los programas que tiene que ver con sus territorios, entre otros asuntos. Así lo expresaron en Bogotá autoridades tradicionales y representantes de los pueblos andoke, nonova, muinane y uitoto, que se asientan sectores de los departamentos del Amazonas y Caquetá.
El reclamo parte de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que en 2018 ordenó a la Presidencia de Colombia y a las autoridades regionales adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger la Amazonía de la deforestación. La decisión la adoptó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al resolver una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por 25 niños apoyados por el Centro de Estudios Dejusticia.
“Tenemos preocupaciones profundas sobre las posibles afectaciones de la sentencia y sus instrumentos de implementación liderados por distintas instancias del Estado, así como por gobiernos departamentales y municipales”, dijo a EFE Hernando Castro Suárez, del pueblo uitoto. Los delegados consideran que el Gobierno y sus instituciones no los han tenido en cuenta a la hora de formular las políticas ordenadas en la sentencia. Lea aquí: Guillermo Lasso le pedirá a Petro que suministre energía a Ecuador
“Tenemos derechos legítimos a participar en la formulación e implementación de planes sobre el futuro de la Amazonía”, explicó Castro. Por su lado, Hernán Moreno, del pueblo nonova aseguró: “Estamos preocupados por el ‘monstruo’ de la deforestación que viene arrasando el bosque” y recalcó que “el Estado no está atacando ese monstruo que está terminando con la vida”.
En su visita a Bogotá los líderes indígenas se reunieron con distintas instancias del Gobierno y tuvieron una audiencia con Tribunal Superior de Bogotá en la que expusieron sus inconformidades frente a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En esa determinación también se le ordenó al Estado colombiano elaborar el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (Pivac) para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero e incorporar componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial.
“De eso no hemos visto prácticamente nada y tampoco nos han tenido en cuenta”, recalcó Castro y recordó que la Corte estableció que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la deforestación en la Amazonía pese “a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia”. Lea aquí: Jessy Quintero interpuso millonaria demanda al Estado por caso Colmenares
También determinó el nexo entre la afectación de los derechos fundamentales de los niños que interpusieron la tutela y en general las personas residentes en el país “con el cambio climático generado por la reducción progresiva de la cobertura forestal, causada por la expansión de la frontera agrícola, los narcocultivos, la minería ilegal y la tala ilícitas de los bosques de la región”.