El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá estudia una millonaria demanda interpuesta por la defensa de Jessy Quintero, una de las jóvenes investigadas y luego absueltas en el caso que investigaba la muerte de Luis Andrés Colmenares.
El recurso legal busca que la Nación repare a la mujer por el daño que aduce haber recibido durante el proceso legal, en el que incluso estuvo detenida antes de ser absuelta en primera y segunda instancia.
En 2021, el Tribunal de Bogotá confirmó en segunda instancia que no había pruebas suficientes para determinar la responsabilidad Jessy Quintero y Laura Moreno —ambas procesadas por la muerte de Colmenares en octubre de 2010— más allá de cualquier duda razonable. Lea aquí: Otro dardo a Petro por el polémico tema del metro de Bogotá
El 6 de julio de este año, los abogados Jesús Albeiro Yepes e Iván Darío Bula interpusieron una demanda de reparación directa y meses después la justicia la admitió.
De acuerdo con el diario El Espectador, la acción legal se dirige a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial del Poder Público y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. La demanda asegura que en contra de Jessy se presentó un complot en el que los bomberos mintieron a la justicia acerca de la búsqueda del cuerpo de Colmenares.
La Fiscalía, según el documento, aprovechó esa circunstancia para construir su teoría del caso, manipuló evidencias, cambió los hechos que le atribuía a las procesadas “y abusó del derecho a desistir de las pruebas que, aunque afirmaban la inocencia de las acusadas, no le eran útiles para lograr la condena”. Lea también: Caso Nicolás Petro: investigan a funcionarios de Gobernación del Atlántico
Los abogados argumentan que en el proceso se presentaron testigos falsos, errores en la exhumación del cuerpo de Colmenares y una injusta detención en contra de Jessy, quien tuvo una medida de aseguramiento entre 2011 y 2012 sin haber sido declarada culpable.
El recurso jurídico busca que las entidades demandadas, además de ser declaradas responsables, le paguen a Jessy Quintero 300 salarios mínimos por vulneración al debido proceso y a la dignidad humana, 300 más por daños morales y otros 400 por daños a la salud. El reclamo aspira también una reparación económica para los padres de la joven.