Luego de una reunión con la cúpula militar y policial, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se refirió a la idea de ‘Iván Mordisco’ de que en algunas regiones sean las guardias indígenas y campesinas las que custodien los puestos de votación el 29 de octubre.
El pedido del 22 de octubre del cabecilla del Estado Mayor Central de las FARC indica que, en virtud del cese al fuego, en algunas zonas de Colombia las guardias indígenas, campesinas y cimarronas podrían ejercer un mejor cuidado del orden público en los comicios en los que se escogerán los próximos mandatarios regionales.
“Las guardias campesinas y cimarronas, en coordinación con las instituciones, hagan el control y presencia en los puntos de votación. Los puntos de votación de: Nayita, Betania, San Juan de Micay y Huisitó por estar en zonas de Consejo Comunitario y tener títulos colectivos estarán a cargo de las Guardias Cimarronas y Campesinas en coordinación con las instituciones”, señaló la comunicación del líder de la guerrilla que actualmente sostiene diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. Lea aquí: Existen más de 200 denuncias por delitos electorales en Colombia
La misiva de ‘Mordisco’, de hecho, apareció en un fin de semana en el que dos unidades militares fueron hostigadas por la población. En algunas regiones, las guardias indígenas y la comunidad se mantienen en cierta oposición a la entrada de los militares a los territorios.
“Rechazamos esas pretensiones y hacemos eco de las solicitudes de las mismas comunidades sobre que sean nuestras Fuerzas Militares y de Policía quienes ejerzan su deber constitucional de garantizar el orden público y los derechos de los colombianos en todo el territorio nacional”, expresó hoy la procuradora Cabello.
A su llamado se sumó el mayor general Omar Sepúlveda, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares. “No hay territorio vedado para el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares”, indicó el uniformado
La posición de Sepúlveda la sostuvieron la procuradora y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quienes se reunieron este martes con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la comandante de la Policía de Bogotá, Sandra Hernández. Camargo, asimismo, dijo que el cese al fuego que actualmente lleva el Gobierno con el ELN y las FARC no es un “cheque en blanco” para detener el actuar de la Fuerza Pública.
El general Sepúlveda subrayó que las Fuerzas Militares —tanto el Ejército como la Fuerza Aeroespacial y la Armada— se desplegarán para hacer presencia, en medio del Plan Democracia, en más de cinco mil puestos de votación alrededor de todo el país. Lea también: Misión de Observación Electoral de la OEA inicia actividades en Colombia
Hasta ahora, el operativo para la seguridad de las elecciones se ha desenvuelto en un 80%, y se espera, de acuerdo con el subjefe de Operaciones Conjuntas, que en las próximas 72 horas se pueda llegar a los demás puntos críticos en los que existen riesgos de orden público.
Uno de los puntos más críticos para el accionar de la Fuerza Pública es la vereda El Plateado, en Cauca, donde persisten las denuncias de que las disidencias son quienes tienen el control. Al respecto, Sepúlveda destacó que se está planeando estratégicamente cuáles son los pasos a seguir, puesto que en el lugar hay artefactos explosivos que podrían perjudicar a los uniformados y a la comunidad.
Los directivos de la Policía Nacional que participaron en la reunión de hoy mencionaron que sus uniformados se presentarán en el 59,7% de las mesas de votación y contarán con más de 79 mil policías. Otros ocho mil oficiales de Policía Judicial, por su parte, investigarán delitos electorales, como constreñimiento y compra de votos.