El presidente Gustavo Petro sigue desatando polémicas en su intención de darle un giro al enfoque del país en la lucha contra las drogas.
Esta vez, el mandatario abrió una agitada discusión al denunciar supuestos hechos de corrupción en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito del gobierno de Juan Manuel Santos, que terminó salpicando al gobierno de Iván Duque. Lea aquí: Fuego amigo: un soldado del Ejército mató a un compañero por accidente
Sin ventilar las pruebas, Petro aseguró que esa política del gobierno Santos fue un “antro de corrupción”. Al respecto, acusó a supuestos intermediarios de robarse los recursos públicos que iban dirigidos a los campesinos que aceptaron unirse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
En diálogo con este diario, Eduardo Díaz Uribe, exdirector del PNIS, negó las acusaciones y aseguró que el mandatario tendrá que rectificar sus afirmaciones porque, según él, está mal informado.
El propio Santos lo respaldó y le lanzó una pulla a Petro: “Los jefes de Estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen”, dijo el expresidente en X.
“No hicimos ningún contrato con fiducias ni operadores. La entrega de los recursos a los campesinos se hizo directamente, y sin intermediarios, a través del Banco Agrario”, afirmó el exfuncionario que apuntó que los problemas del programa aparecieron durante el gobierno de Duque.
Ninguno asumió la acusación
Por medio de una carta, Díaz Uribe y Rafael Pardo, ex alto consejero para el Postconflicto, defendieron que el gobierno de Santos hizo transferencias de 1 millón de pesos mensuales durante un año a 67.665 familias campesinas que hacían parte del PNIS y señalaron al gobierno de Duque de contratar a intermediarios. Lea aquí: Gareth Sella es posesionado como viceministro de la Juventud
“Durante el gobierno Duque la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue retirada del programa y sustituida por múltiples operadores y fiducias. Así mismo, las instancias de participación y control de los campesinos dejaron de ser convocadas y fue suspendido el acompañamiento en terreno que hacían los firmantes de paz”, dice el documento.
A estos señalamientos y a los del presidente Petro respondió Emilio José Archila, exconsejero para la Estabilización y la Consolidación, quien le aseguró a este diario que el gobierno de Duque recibió el PNIS en 2018 con un alto costo, sin apoyo financiero y “lleno de promesas” para 100.000 familias de 56 municipios.
Archila detalló que el gobierno Duque comprometió 1,7 billones de pesos para el programa a través del fondo Colombia en Paz y defendió que se hizo una correcta administración de los recursos. “Si el presidente tiene evidencia de que parte de esa plata no llegó a sus destinatarios, que diga quién fue para que se descubra y lo metan a la cárcel”, señaló el exconsejero.