En un documento enviado a medios de comunicación, el Grupo Aval y Corficolombiana dieron su versión sobre el acuerdo al que llegaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener una investigación penal contra el conglomerado.
De acuerdo con las compañías, el acuerdo al que se llegó con las autoridades estadounidenses no es una condena penal ni contiene ninguna acusación contra algún miembro del Grupo Aval, con excepción de José Elías Melo, ex presidente de Corficolombiana, a quien el documento se refiere como “el ejecutivo antiguo de Corficolombiana”. Lea aquí: Precio de la gasolina: las ciudades de Colombia donde está más cara
Sin embargo, las compañías reconocen que sí obtuvieron unos beneficios indebidos de estas conductas ilegales y, por esa razón, acordaron hacer una “devolución de beneficios obtenidos” que suman un total de $32.1 millones de dólares, más intereses de $8.1 millones de dólares, es decir alrededor de $40 millones de dólares, que equivalen a 164 mil millones de pesos.
“Los acuerdos con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la SEC (Comisión Nacional de Valores, por sus siglas en inglés) no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval, ni contra ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana (CFC), salvo contra el ejecutivo antiguo de Corficolombiana”, señaló la empresa. Lea aquí: Medida de aseguramiento a presunto integrante del ‘Tren de Aragua’
Sin embargo, aclaró que el acuerdo no constituye reconocimiento de responsabilidad por parte de Melo, pues la responsabilidad penal es individual. El reconocimiento hecho por el Grupo Aval lo hace, según la compañía, porque Melo era uno de sus agentes y por eso la hace responsable de sus acciones.
“Ese tipo de admisiones sólo las puede hacer la persona acusada. Nadie puede admitir o confesar un hecho por cuenta de un tercero. Es una norma elemental y universal del debido proceso en cualquier país. El antiguo empleado de CFC es considerado por la legislación americana como un ‘agente’ de CFC y, por este motivo CFC asumió responsabilidad ante el DOJ y la SEC de los señalamientos contra este exempleado. No obstante, es muy importante enfatizar que sólo él (el antiguo funcionario) podría admitir responsabilidad en su propio nombre”, agregaron las dos compañías.
Recientemente, el gobierno colombiano anunció que pedirá a las autoridades de Estados Unidos que le envíen toda la información recopilada contra el Grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht, para que se adelanten en el país todas las investigaciones que sean necesarias contra el conglomerado económico o contra sus funcionarios.