La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exrepresentante a la Cámara Julio Eugenio Gallardo Archbold, quien fue congresista por San Andrés desde 1991 hasta 2018.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Gallardo presuntamente pagó 200 millones de pesos al “Cartel de la Toga”, un grupo de funcionarios judiciales que ayudaba a favorecer a implicados en expedientes que llevaban los altos tribunales. Lea aquí: Revelaciones del caso Daniel Sancho: cuánto dinero tenía Edwin Arrieta
El excongresista, al parecer, se reunió con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien resultó condenado en 2018 por conclusión y utilización indebida de información oficial privilegiada. La Procuraduría cree que Gallardo incurrió en cohecho por dar u ofrecer.
Moreno usó su cargo como fiscal para pedirle dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, hoy preso en Estados Unidos, condenado en Colombia por el mismo cartel de la toga y salpicado por otros escándalos, como el cartel de la hemofilia. Lea aquí: De 2 balazos asesinan a trabajador de hotel en Barú al salir de su casa
En la víspera, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por permitir el pago de más de 7 mil millones a una IPS, sin que hubiese un contrato entre su Gobernación y la institución.
Moreno trabajaba junto al exmagistrado de la Corte Suprema José Leonidas Bustos, quien está preso mientras la misma corporación que alguna vez presidió, lo investiga por presuntamente recibir 200 millones de pesos de 600 que tenía pendientes para beneficiar a aforados constitucionales.
El proceso disciplinario de la Procuraduría contra Julio Gallardo involucra a Moreno y Bustos.
Contra Gallardo cursaba un proceso penal entre 2014 y 2015, por lo que para beneficiarse, presuntamente, Gallardo pagó 200 millones a Moreno, quien repartió parte del dinero con el exmagistrado.
Como el hecho no se concretó, Gallardo le pidió a Moreno el dinero de vuelta. No hubo retorno.
Para el Ministerio Público, Gallardo “afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”.
Su conducta fue calificada como falta gravísima a título de dolo. Lo que sigue será un juicio disciplinario en las próximas semanas.
La Corte Suprema de Justicia investiga a Gallardo desde el mes pasado por enriquecimiento ilícito, pues presuntamente incrementó su patrimonio sin justificación entre 2007 y 2020.
El mismo tribunal lo absolvió el año pasado en un proceso por peculado, por apropiación por la firma de unos contratos de prestación de servicios de cuando fue presidente de la Cámara de Representantes.