En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo dio a conocer la preocupante situación que se registra en el departamento del Chocó debido al conflicto armado. Según la entidad, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), a pesar del acuerdo de cese al fuego, ha impuesto un nuevo paro armado en la región, generando inquietud por la seguridad de las comunidades locales.
El municipio de Medio San Juan se encuentra en el epicentro de esta creciente crisis. La confrontación entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, han desencadenado restricciones y tensiones en la zona. Estas disputas están directamente relacionadas con el control territorial y las rutas del narcotráfico.
El frente de guerra occidental del Eln, bajo el mando de Omar Gómez, ha sido identificado como el responsable de esta escalada de violencia. En un panfleto circulado en las redes sociales, los integrantes del grupo armado han reivindicado su participación en los enfrentamientos y han anunciado la imposición de restricciones en el municipio de Medio San Juan. Lea aquí: Se registró un atentado en contra del alcalde de Mercaderes, Cauca
Estos acontecimientos han sido detenidamente analizados por las autoridades y las entidades encargadas de verificar el cumplimiento del cese de hostilidades. Según los informes, el Eln ha estado involucrado en enfrentamientos con disidencias de las Farc en la jurisdicción del Valle, resultando en pérdida de vidas.
En un comunicado emitido desde Chocó, el Ejército de Liberación Nacional afirmó: “Con cese al fuego o sin cese, las operaciones militares, en conjunto con entre paramilitares del Clan del Golfo, disidencias y las Fuerzas Militares, se mantienen y se intensifican”. Además, la guerrilla ordenó la suspensión del tránsito de transporte sobre el río San Juan y sus afluentes, alegando que estas medidas buscan proteger a la población civil en medio de los enfrentamientos.
La situación ha generado un clima de temor en las comunidades del municipio de Medio San Juan. La Defensoría del Pueblo ha recordado que las organizaciones que actúan al margen de la ley están obligadas a respetar los derechos humanos en todo momento. Sin embargo, el alcance de los estragos causados por este nuevo paro armado aún no está claro. La Defensoría se mantiene vigilante y ha expresado su compromiso de verificar los derechos de las personas afectadas en cuanto las acciones cesen y sea posible acceder a la zona. Lea también: Hombres armados secuestraron a funcionaria de la Registraduría en el Catatumbo
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha urgido a la intervención de las autoridades nacionales para mitigar las consecuencias que podrían derivar en un desplazamiento masivo y confinamiento en la región. A través de sus redes sociales, la entidad hizo un llamado directo al Gobierno y sus instituciones.
“Solicitamos al Gobierno nacional y sus instituciones que, de manera inmediata, haga presencia en la región para atender a las comunidades y garantizar sus derechos”, señalaron.