En un nuevo desarrollo en relación al caso del Grupo Aval y Corficolombiana, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha dado instrucciones a la Cancillería para utilizar todos los medios de colaboración jurídica disponibles con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil.
Según el mandatario de los colombianos, el objetivo es determinar los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval podría generar al estado colombiano.
La medida llega tras el cierre de una extensa investigación de cinco años llevada a cabo por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de los Estados Unidos. El enfoque de esta investigación fue sobre el Grupo Aval y Corficolombiana, quienes eran socios minoritarios de Odebrecht en el proyecto de la Ruta del Sol II. Le puede interesar: Millonaria multa tendrá que pagar el Grupo Aval a EE.UU. por caso Odebrecht
A pesar de la investigación en curso, ninguno de los directivos o accionistas de las empresas colombianas involucradas enfrentaron cargos por parte de las autoridades estadounidenses. En su lugar, las empresas fueron multadas con 60 millones de dólares debido a la responsabilidad legal que recae sobre las compañías por las acciones de sus empleados, según las leyes de Estados Unidos.
El presidente Petro ha expresado que los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados minuciosamente. Esto incluye el contrato de estabilidad jurídica, que según fuentes cercanas a la empresa, ya no está en vigor debido a la liquidación de la concesionaria Ruta del Sol II en enero de 2020.
Además, Petro ha solicitado a la Fiscalía reabrir los casos relacionados con el proceso de Odebrecht/Aval y determinar los beneficiarios de los sobornos que se hayan podido dar en el contexto de estos contratos. Aunque la investigación estadounidense ha concluido sin imputaciones directas a los involucrados colombianos, en el país sudamericano las investigaciones continúan. Lea también: Exfiscal Néstor Humberto Martínez rechaza declaraciones de Gustavo Petro
Recientemente, en julio, la Fiscalía imputó cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez. Zuluaga fue acusado de supuestamente recibir 1,6 millones de dólares de la multinacional brasileña para financiar su campaña presidencial en 2014. Por su parte, Álvarez enfrenta acusaciones de interés ilícito en el contrato de adición de la vía Ocaña-Gamarra, en el marco del proyecto Ruta del Sol II.
La decisión del presidente Petro de buscar colaboración jurídica con Estados Unidos y Brasil demuestra su compromiso en esclarecer las implicaciones de estos contratos y asegurar la transparencia y responsabilidad en los asuntos relacionados con estas empresas y sus actividades en el país. Las investigaciones y los procedimientos legales continúan avanzando en Colombia en busca de justicia y rendición de cuentas.