El padre de la magistrada cartagenera de la JEP Julieta Lemaitre le regaló una pequeña estatua color grafito, con una esfera transparente, que ella conserva en su oficina. Es una representación de Atlas, el personaje de la mitología griega que carga el peso del mundo sobre sus hombros. Lea: Julieta Lemaitre es Cartagena en la JEP
Esa es la forma como él ve su trabajo. “Él piensa que lo que yo hago es imposible”, cuenta la magistrada, que tiene a su cargo, entre otros casos, la investigación por los secuestros cometidos por las extintas FARC y los crímenes de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una titánica tarea que busca que las víctimas obtengan finalmente una respuesta sobre vejámenes ocurridos durante décadas.
“EL ESTADO DEBIÓ ESTAR ALLÍ HACE QUINCE AÑOS”
Lemaitre escribió en 2019 un libro con una consigna contundente: “El Estado siempre llega tarde”. Cinco años después, sigue pensando lo mismo.
“La tarea nuestra como JEP es ser la avanzada del Estado, trayendo la justicia transicional a los lugares en los que ha habido ausencia del Estado, donde las personas han sido desamparadas en medio de la violencia”, le dijo a Colprensa en una entrevista.
En su libro, la togada reflexiona sobre cómo las familias desplazadas rehacen su vida después de ser víctimas del conflicto. “La gente tiende a rearmar su vida antes de que llegue el Estado”, en medio del dolor que le produce esa tragedia, algo que es inentendible “para una persona que no ha sido afectada por la guerra, que es la mayor parte de nosotros en las ciudades”. Lea: Aparecen panfletos que amenazan a magistrados de la JEP
“Mi conclusión es que la única manera de tener una vida buena”, dice Lemaitre, es responder a la pregunta de “cuál es el significado de la vida de otros en mi vida”. En vista de eso, su motivación para entrar a la JEP es “ayudar a construir un Estado que sí responda”.
En el marco de ese Estado que contesta, Lemaitre ha sido quien ha liderado las sesiones en las que las víctimas de secuestro han enfrentado a sus victimarios, con lo que pudo imputar a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y al secretariado de la guerrilla, que ya se encuentra en manos del Tribunal de la Paz para definir sus sanciones.
Una parte de esas audiencias, en medio de las imputaciones a mandos medios regionales, se desarrolla desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto en Bogotá, para luego adelantar otra jornada del 14 al 25 de agosto en Villavicencio. 33 exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC comparecerán ante Lemaitre, sus colegas y las víctimas.
Aunque el proceso que adelanta la JEP contra la extinta guerrilla representa un hito para el país y la búsqueda de justicia, Lemaitre sostiene que, como parte del Estado, la Jurisdicción llegó tarde. La estructura estatal fue tardía “en el sentido de que debió haber estado ahí protegiendo a la gente, y no estuvo”.
“¿Dónde estaba el Estado cuando estaban haciendo lo que llamaban horriblemente las pescas milagrosas?”, cuestiona la jurista. “Hacían retenes, y a veces duraban horas, y no llegaba nadie. Estaban los que iban por la carretera solos con la guerrilla, que se los iba llevando a voluntad”, cuenta. “Nosotros llegamos quince años después a que nos cuenten lo que pasó”.
“UN PEDACITO DE LO QUE PASÓ EN LA GUERRA”
Julieta Lemaitre no solo reconoce que el Estado debió tener mayor presencia cuando el conflicto fue más agudo, sino que admite que no está en sus capacidades responder cómo fue todo lo que ocurrió. Le gusta explicarlo a través de una historia.
“Hay un cuento hindú de un elefante que le llevan a cinco ciegos”, narra de manera didáctica mientras mueve las manos sobre el escritorio en el que tiene un grueso informe de la Fiscalía sobre violencia sexual cometida por las FARC. Lea: Justicia y Paz mantiene orden de captura contra Salvatore Mancuso
“Cada ciego coge un pedacito. Entonces, uno dice que un elefante es una serpiente, uno dice que es una alfombra, uno dice que es una pared, uno dice que es una columna y así”. La analogía sirve para concretar que lo que le toca investigar a la JEP son los crímenes no amnistiables, o sea, “no es el elefante completo, sino un pedacito del elefante, un pedazo de todo lo que pasó en la guerra”.
“Yo doy cuenta de dónde estaba el Estado cuando se cometieron esos crímenes no amnistiables, pero eso es una porción relativamente pequeña de todo”, concluyó. “Cuando hablo del secuestro en los autos que voy sacando, cuento cómo fue que las FARC llegaron a tener tanto poder, cómo se desplegaron en el territorio, cómo fueron creciendo, cuáles eran sus propósitos” y cómo el Estado los combatió, debilitándolos hasta que se llegó a la paz.
Pero, atendiendo a la complejidad de los factores que iniciaron y prolongaron el conflicto, Lemaitre dice que no puede dar cuenta de “por qué no había carreteras, por qué no había escuelas, por qué no había puestos de salud”.
Para responder a esos interrogantes, dice la togada, la sociedad en general está intentando reflexionar, pensarse y “dimensionar realmente que hubo una guerra que le hizo daño a mucha gente”, aunque muchas veces se prescinda de ello por ponerle atención al día a día.
LOS OTROS DOS CASOS DE LEMAITRE
La magistrada, además de encabezar las investigaciones del macrocaso de secuestros, tiene consigo otros dos: el 10, que investiga crímenes no amnistiables que no encajen dentro de los otros nueve, y el 11, que, aunque aún ‘no existe’ formalmente, intenta recopilar hechos de violencia sexual cometidos en el conflicto.
Lemaitre Ripoll explica que buena parte de los otros macrocasos priorizan un territorio, pero, en aras de lograr un mayor esclarecimiento de lo que ocurrió a nivel nacional, se elaboró un macrocaso que compila hechos que están en los informes de entidades estatales y organizaciones de víctimas “que no están en ninguno de los anteriores” casos.
En el macrocaso 10 “nos toca todo el resto del territorio nacional” que no está dentro de las zonas que inicialmente fueron prioritarias, en cuanto a dos patrones identificados. “Por un lado, crímenes cometidos en desarrollo del conflicto, que tienen que ver con la confrontación armada con la Fuerza Pública y con paramilitares”, como uso de ciertas armas y algunos métodos.
“Luego hay otros crímenes que se cometieron en ejercicio del control territorial, entre los que hay mayormente asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento y violencia sexual, cometidos para controlar una población o para que no ingresara nadie del enemigo”.
Además, se incluyen crímenes no amnistiables que cometieron las redes urbanas, “que es quizás el reto más grande”, porque en ellas “la clandestinidad era mayor que el de un frente que andaba en uniforme”.
Entre los avances del Caso 10, Lemaitre detalla que este año empezó una “campaña de acreditación” para víctimas en los alrededores de Bogotá, donde hubo unos veinte frentes cuyo objetivo era la toma de la capital.
Lemaitre usa dos tipos de gafas. Unas son para ver el computador, en el que escribe sobre el macrocaso de violencia sexual, y otras son para ver de lejos, a través de su ventana, con vista a Bogotá, que está detrás de la estatuilla de Atlas.
La presentación del Caso 11 a la Sala de Reconocimiento tuvo que acelerarse luego de una tutela que interpusieron la Procuraduría y la líder social Yolanda Perea Mosquera. La razón es que, aunque la violencia sexual se ha investigado en todos los casos abiertos por la JEP, no es suficiente para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia en un tiempo razonable.
El 16 de junio, la Sección de Revisión le ordenó a la Sala de Reconocimiento que decida sobre el tema en treinta días hábiles, y el director de la Unidad de Investigación y acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, ha pedido lo mismo en al menos dos ocasiones. “Estamos a la expectativa de que ellos decidan en qué momento”, dijo Álvarez en mayo.
La presentación del macrocaso tuvo que retrasarse un poco por una neumonía que afectó a la magistrada. Lemaitre le contó a Colprensa que está trabajando con la magistrada Lily Rueda, que investiga reclutamiento forzado y “va a mirar la violencia de género intrafilas”.
En el equipo también está el juez Óscar Parra, quien, con base en sus investigaciones en la JEP sobre la Fuerza Pública, “va a mirar violencia de género de la Fuerza Pública en contra de civiles”, y Lemaitre tocará la violencia sexual de las FARC contra civiles.
“Estamos mirando aquellos patrones donde la violencia estaba motivada por las ideas que tiene el perpetrador de cuál es el lugar correcto de las personas en la sociedad, sean las mujeres o sean personas con orientaciones sexuales diversas”, explica la magistrada Lemaitre, y continuó: “Incluso, les decían: ‘para eso son las mujeres’”.
La togada dijo que espera someter el macrocaso a consideración de su Sala antes del 2 de agosto. “Y luego la Sala generalmente se demora uno o dos meses estudiándolo, y ya decidirá”.
A VECES, MUCHA RESPONSABILIDAD AGOBIA
A Julieta Lemaitre le corresponde tomar decisiones en el que quizás es el delito más emblemático que la opinión pública conoció de las entonces FARC. “A veces siento que tengo mucha responsabilidad, y eso me agobia”, admitió.
En la época de covid, cuenta, es cuando se sintió más cansada, principalmente cuando tuvo “post-covid” y le duró entre seis y siete meses. Aunque fue “muy duro”, luego de ello todo le parece fácil.
Esta entrevista la tuvo con tapabocas, pues hace poco tuvo una gripa que se le convirtió en neumonía, algo que nunca le había pasado. “Cuando me dieron de alta del hospital, el médico me dijo ‘no se estrese’. Yo le dije ‘No me diga eso, que me da estrés, ¿usted no sabe en lo que yo trabajo?”.
El papel de Lemaitre en la verdad para las víctimas y para el país es crucial. No solo la reconocen por la calle, algo que ya naturalizó, sino que a su despacho se le han acercado personas afectadas solo a hablar. “Que no querían participar en el proceso, sino que querían saber algo claro, y eso me ha sorprendido, que me digan ‘no, solo quería que me digan esto, no necesito nada más’”.