Este miércoles se conocieron más detalles de una investigación que adelanta desde hace varios meses la Dijín de la Policía por un presunto contrabando transnacional de crudo, el cual afecta significativamente las finanzas de Ecopetrol, que figura como víctima en el proceso junto con Cenit y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.
Según la investigación, serían al menos 17 empresarios colombianos implicados en las acciones delictivas. Estos tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. Lea aquí: Petro asegura que el robo a Ecopetrol llegaría a 360.000 millones de pesos
El presidente Gustavo Petro ha pedido a las autoridades judiciales que investigue más a fondo y con celeridad el supuesto robo de crudo a gran escala.
“Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran “gente de bien” de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”, pidió el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter.
Los bienes incautados
A los empresarios implicados se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos representados en 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio.
Estos fueron incautados en cinco departamentos del país, entre ellos Santander y Bolívar. Según el reporte, las incautaciones incluyeron “barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles ostentosos, grandes terrenos, casas de veraneo y otros activos”. Le puede interesar: Incautan bienes por 1.3 billones de pesos a contrabandistas de petróleo
Así operaban
La investigación de la Policía en contra de los empresarios inició con el seguimiento de inusuales movimientos de barcos petroleros con la bandera de Panamá. Además, estos navíos eran cargados en puertos de la costa Caribe y tenían como destino Singapur, Ámsterdam y otros lugares de Asia y Europa.
“Estos barcos transportaban una carga mensual equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano, valorada en cerca de 10 millones de dólares, pero que no aparecía registrada en los registros de exportación”, informó en su momento el periódico El Espectador.
De acuerdo con los investigadores, la ilegal operación involucraba a más de 20 camiones cisterna, cada uno con la capacidad de 12.000 galones cada uno. Los camiones eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya, para ser llevado después a Colombia, donde se mezclaba con el petróleo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Pero, ¿quiénes son los implicados?
La Fiscalía reveló que entre los capturados, que fueron imputados por varios delitos, están: Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos, señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización; Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa quien, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslado de los combustibles; y Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.
Y entre las empresas investigadas está Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con sede en Ámsterdam, dedicada a los negocios de energía y al comercio, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.
Según información recopilada por Asuntos Legales de La República, el ingeniero comercial de Gunvor, Roger Gale Gutiérrez, es señalado de introducir el hidrocarburo a Colombia a través de C.I. La Operadora S.A.S. Este habría diseñado la estrategia para evadir los controles de las autoridades para mover el hidrocarburo ilegal, exportándolo en cantidades superiores a 1.000 galones, declarándolo como producto importado de crudo residual, cuando en realidad era crudo liviano.
Por otra parte, y de acuerdo con el periódico Vanguardia de Santander, también estaría implicada la empresa Niman Commerce S.A.S., proveedora de Gunvor Colombia, representada por Hernando Silva Bickenbach, integrante de una prestigiosa familia colombiana. La evidencia señala que el empresario tendría pleno conocimiento de que su empresa Niman Commerce S.A.S. no tenía autorización del ministerio de Minas y Energía para la comercialización de crudos.
La exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla sería otra de las implicadas, se trata de Paola Margarita Martínez, quien actuaba como agente almacenador de hidrocarburos y sus derivados dentro de la zona franca de Barranquilla. Sobre ella, el escrito de acusación señala que se concertó con Silva Bickenbach y con otros, con el fin de generar un acuerdo orientado a fortalecer la empresa llamada Bukering Imperio.
Igualmente, se hace mención de Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., cuyos activos superan los $105.594 millones y se les incautó un apartamento en Bocagrande (Cartagena) y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.