Helena Urán es autora del libro ‘Mi vida y el Palacio’ e hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio de Justicia, custodiado por el Ejército, y murió por un disparo en la cabeza. Sus familiares presumen que fue ejecutado extrajudicialmente. Su cuerpo, según las investigaciones, fue lavado y luego regresado al Palacio en ruinas.
Helena le hizo una petición el 13 de junio de este año a la Jurisdicción Especial para la Paz. En su escrito solicita medidas cautelares para tres lugares significativos para este caso que la semana pasada recobraron protagonismo:
La Casa Museo 20 de Julio, mejor conocida como Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte del Ejército y el Cementerio del Sur ubicado en Bogotá. Según Urán, es necesario “resignificarlos como parte de las medidas que contribuyan a la dignificación de las víctimas, la verdad colectiva, la pedagogía democrática y la no repetición”. ¡Atención! Petro nombró como gestor de paz a Salvatore Mancuso
La razón principal es el valor histórico que tienen esos tres sitios, puesto que fueron escenarios de vejámenes ocurridos luego de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 1985. La memoria colectiva los señala, la justicia reconoce su valía y, según la solicitud, aparentemente el Estado tiende a descuidarlos.
LA CASA DEL FLORERO, UN MUSEO ROTO
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, en el volumen ‘No matarás’ del Informe Final que entregó hace poco más de un año, reseña que, desde las 13:55 del 6 de noviembre de 1985, durante las siguientes veintisiete horas, llegaron al Palacio de Justicia entre dos mil y cinco mil uniformados del Ejército y la Policía.
Su objetivo era hacerles frente a 35 guerrilleros del M-19 que asaltaron el lugar. Sin embargo “la retoma del Palacio se hizo con excesos de fuerza, y a sangre y fuego”. El escandaloso abuso de autoridad dejó un saldo de al menos once personas desaparecidas por la Fuerza Pública, que, según la Comisión, actuó con autonomía, algo que la exministra de Comunicaciones Noemí Sanín ratificó.
Según Helena Urán, múltiples personas fueron sacadas con vida del Palacio y conducidas por miembros de la Fuerza Pública a la Casa Museo 20 de Julio. Los militares, como cuenta Urán, “registraban, interrogaban, identificaban, clasificaban y separaban” a quienes arbitrariamente querían darle tratamiento de “especiales” como sospechosos del M-19. Colombia, el quinto país del mundo donde es más probable morir en carretera
La investigación de Forensic Architecture, un grupo británico que junto a la Comisión de la Verdad publicó toda una reconstrucción de lo sucedido en la retoma, le da la razón. Los resultados dan cuenta de que en la Casa del Florero se hizo un primer filtro de “especiales” en el primer piso, y luego, quienes pasaban la prueba, eran aislados en el segundo piso.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, cuya primera edición es de octubre de 2010, menciona que varios rehenes rescatados del Palacio agradecen el servicio prestado por los militares en el Museo. “Sin embargo, para un número indeterminado de civiles y, por lo menos, una guerrillera, el arribo a esta casa colonial representó el inicio de un nuevo y largo suplicio, el cual aún subsiste para algunas familias”.
El Informe menciona inicialmente dos ejemplos de estudiantes de Derecho del Externado. Yolanda Santodomingo fue una de las rehenes tratadas como ‘especiales’: “Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían ‘perra hp, guerrillera’. Y se ensañaron con mi riñón derecho”, cuenta.
En 2011, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá anotó que la calificación de ‘especiales’ se extendió “a todos aquellos cuyas actitudes, condiciones académicas y relaciones o vínculos familiares les dieran a entender que se trataba de simpatizantes del movimiento subversivo”. Ese aparte es retomado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando declaró la responsabilidad del Estado en varias desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y se refirió al caso de Carlos Horacio Urán, el padre de Helena.
Según la Corte IDH, “el señor Urán Rojas pudo haber sido considerado como sospechoso por parte de los agentes estatales”. En virtud de ello, “es posible que este haya sido tratado como tal, separado del resto de los rehenes, que no haya sido registrada su salida del Palacio de Justicia”, aunque declaraciones de sus familiares y de la Comisión de la Verdad de 2010 aseguran que lo identificaron al salir custodiado por militares, “ni si fue trasladado a algún otro lugar”.
Y hay más casos. Como el del sobreviviente Orlando Quijano, un abogado que le contó a la Corte Interamericana cómo permaneció del 6 al 7 de noviembre en la Casa del Florero y luego fue trasladado al Cantón Norte, acusado de ser miembro del M-19 en medio de tratos degradantes. “La Corte considera demostrado que fue conducido al segundo piso de la Casa del Florero, donde fue obligado a permanecer de pie, con las manos en la nuca y viendo a la pared por varias horas, mientras era sometido a múltiples interrogatorios donde se le acusaba de ser guerrillero y se le presionaba e insultaba para que ‘confesara’”, se lee en el documento. Cédula digital, ¿quiénes la pueden reclamar de manera gratuita?
EL CANTÓN NORTE, UNA MANCHA EN EL UNIFORME MILITAR
El segundo lugar en el que se podrían decretar medidas cautelares es el Cantón Norte, específicamente en sus caballerizas. Helena Urán le contó a El Espectador en 2015 que en el Cantón encontraron la billetera de su papá. Una historia de El Tiempo de mayo de 2007 narra que en esa billetera, perforada por un disparo, estaban las credenciales de su dueño y, junto a ella, un reporte de “guerrilleros dados de baja en combate”, entre los que aparece falsamente el nombre de Carlos Horacio Urán.
Lo cierto es que el Cantón Norte hace parte de los lugares que habrían funcionado como sitios de tortura para víctimas que salieron con vida del Palacio, principalmente luego de pasar por el filtro de la Casa del Florero. Para Urán, según la petición que le envió a la JEP, esa locación requiere protección por tener material de interés forense que pudo o podría ser alterado.
La Jurisdicción, en el auto en el que dice que estudia su solicitud, menciona que la Fuerza Pública condujo “a las personas consideradas o clasificadas ‘especiales’ que salieron con vida del Palacio de Justicia a múltiples lugares, entre esos, la Casa del Florero y las Caballerizas del Cantón Norte para interrogarlas, habiendo sido posteriormente ejecutadas y/o desaparecidas”.
El Cantón fue epicentro de varias turbulencias antes del 6 y 7 de noviembre. Por ejemplo, el M-19 en 1978 robó unas cinco mil armas guardadas allí cuando el lugar era custodiado por el comandante Miguel Vega Uribe, quien llegó a ser ministro de Defensa durante los hechos del Palacio. La Comisión de la Verdad de 2010 reseña que ese robo fue uno de los sucesos que más motivó a que el Ejército quisiera recuperar su orgullo ante una oportunidad tan osada como la llamada Operación Antonio Nariño.
La misma Comisión señala, ejemplificando el caso del abogado Orlando Quijano y un empleado de la Corte Suprema de Justicia, que luego de las torturas en la Casa del Florero algunos rehenes “fueron conducidos a las instalaciones de la XIII Brigada en el Cantón Norte, donde fueron reseñados e interrogados nuevamente”. “En ese momento pensé que me iban a matar”, dijo Quijano.
La Comisión sigue su relato indicando que varias personas fueron llevadas al Cantón o al Batallón Charry Solano “después de su ingreso como especiales al Museo y de no haber sido registradas en la lista de personas liberadas del Palacio”. Esa cadena de hechos no solo constituyó detención arbitraria, sino que también sometieron a las personas “a malos tratos e incluso a torturas”.
En ese lugar el Ejército también mintió cuando familiares o conocidos iban a buscar a personas retenidas, como relató César Sánchez Cuesta, quien para la época era funcionario de la Alcaldía y fue a buscar al funcionario de la cafetería del Palacio Carlos Rodríguez:
“Nos trataron con evasivas y, más aún, con palabras desobligantes”, hasta que enseñó su carnet y, “por varios momentos, aproximadamente una hora”, lo tuvieron. Volvió a buscar al día siguiente, y luego comenzó “una serie de llamadas amenazantes, tanto a mi casa, como a la oficina mía”, diciéndole que deje “las cosas así” o se tenía “que atener a las consecuencias”.
La Corte IDH reseña que “luego del 7 de noviembre, varios de los familiares de los desaparecidos recibieron información en el sentido que las personas desaparecidas se encontraban en el Cantón Note (Brigada XIII y Escuela de Caballería) y en el Batallón Charry Solano”. Una de las víctimas fue José Vicente Rubiano Galvis, quien en la época tenía veintiséis años y fue retenido ilegalmente por el Ejército, para luego ser llevado a la Escuela de Caballería, golpeado para que “confesara” y dejado en las caballerizas hasta la mañana siguiente. Algo similar ocurrió con Orlando Quijano.
Cabe mencionar que, antes del Holocausto, las caballerizas ya habían sido utilizadas para interrogatorios, como lo relató un militar a la Comisión de la Verdad que publicó su Informe el año pasado. En el volumen ‘No matarás’ la Comisión narra cómo, luego del robo a las armas entre el 30 de diciembre del 78 y el 1 de enero del 79, el general Miguel Vega Uribe “dijo que habían hecho 977 allanamientos en contra de personas acusadas de pertenecer al M-19”, con lo que “habían detenido a 646”.
Y eran tantas personas detenidas en la Escuela de Caballería “que se adecuaron las caballerizas para los interrogatorios”. “Era un hervidero de gente de civil y uniformado. Estaban las caballerizas llenas. En el piso, gente con la cabeza agachada, algunos con la cabeza tapada, todo el mundo con centinela”, le dijo un militar de la época a la Comisión, añadiendo que eran más de doscientas personas y “uno no entraba a eso porque estaba prohibido”.
EL CEMENTERIO DEL SUR, LA ÚLTIMA PARADA
En el cementerio del sur, en la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, hubo una fosa común, según lo detalló la Corte Interamericana en su sentencia de 2014.
“En total se enviaron 38 cadáveres a la fosa común del Cementerio del Sur, algunos de los cuales habían sido identificados”, dice el documento. La Corte además señala que el perito que el Estado llevó al proceso en esa instancia afirmó que esa fosa “no estaba adecuadamente custodiada, por lo que podría haber sido alterada”.
En ese camposanto hubo cinco procedimientos para exhumar cuerpos entre 2001 y 2012, en los que se encontraron cuerpos de varias personas desaparecidas. Al respecto, Urán, ante la JEP, señaló que las eventuales medidas cautelares podrían “favorecer a otros familiares de las personas desaparecidas o muertas durante los hechos y que pudieron haber sido torturadas y desaparecidas”.
Urán alega que no existe, por parte del Estado, un plan adecuado para buscar víctimas desaparecidas incluyendo al cementerio. La JEP, por ello, le pidió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que responda si “dentro del Plan de Búsqueda Nacional u otro plan o estrategia tienen referenciados los puntos de interés forense o han recopilado declaraciones sobre los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia”. Revelan presunto detrimento en proceso de licitación de la DIAN
EL HOLOCAUSTO, ¿A LA JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz, en la respuesta de veintiocho páginas a Helena Urán, deja la puerta abierta para dos escenarios posibles en los que la toma y retoma del Palacio puedan entrar a su competencia.
Por un lado, si bien explicó que “a la fecha no se ha abierto un caso por los hechos relacionados” con esos dos fatídicos días, “no se puede descartar tajantemente que en el futuro esta Sala de Justicia abra algún caso en tal sentido”.
Por otra parte, la otra posibilidad es que, “inclusive, decida abrir una línea de investigación dentro del caso 08”, que es el que investiga crímenes por parte de la Fuerza Pública.
Sin embargo, para que las medidas cautelares sean aceptadas le pidieron a Helena Urán que explique cómo podría alterarse alguno de los procesos en curso si no las decreta. En este momento corren los treinta días de plazo para que la víctima responda y los quince días para que la Unidad de Búsqueda, el Centro de Memoria, la Unidad de Investigación y Acusación y el Ministerio de Cultura ayuden a tomar una decisión de fondo.