Tras casi 22 años de litigio, el pasado 13 de julio Colombia logró frenar en definitivo las ambiciones expansionistas de Nicaragua. Y es que, ese día, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, sentenció a Nicaragua que no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. Lea: Atención: Corte de La Haya niega demanda de Nicaragua
La histórica victoria del Estado colombiano obedece a una estrategia de defensa a la que la Armada Nacional aportó información técnica contundente, a través de proyectos de investigación científica marina encaminados al conocimiento de las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia, sobre los que Nicaragua reclamaba soberanía.
En entrevista con El Universal, el capitán de navío William Tomás Pedroza Nieto, director de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada, entregó detalles de la información aportada.
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El Colombiano
Primer “round”
Pedroza Nieto empezó recordando que “el litigio se inicia el 6 de diciembre de 2001 con la primera demanda de Nicaragua, que luego interpone una nueva demanda el 16 de septiembre de 2013 y otra el 26 de noviembre del mismo año. Por la primera demanda, la Corte falla el 13 de diciembre 2007, indicando que la isla de San Andrés y la isla de Providencia y Santa Catalina pertenecen a Colombia, y que va a definir a quién pertenecen las otras siete islas y, además, va a definir un límite marítimo”. Lea: Nicaragua reacciona al fallo de la CIJ a favor de Colombia
Con el propósito de defenderlos, “el primer estudio de la Armada, que se inicia en el 2007, nos permite identificar isla por isla, sus componentes y sus características, los arrecifes que están alrededor y demás. Los buques hacen los levantamientos de estas islas y comprueban la unión y la integridad que hay entre todas. Forman parte del archipiélago indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay una conexión no solamente geomorfológica, sino también biológica”, destacó el capitán.
Y recordó que “cuando llegamos a las audiencias orales, en mayo de 2012, nos encontramos con que Nicaragua le dijo a la Corte: Quitasueño no existe y si existe es nicaragüense”. Es decir, Nicaragua sostenía que, dado que Quitasueño no emergía en la alta marea, como tal no era una isla susceptible de soberanía, sino lo que se llama en el derecho internacional una “elevación de bajamar”.
Pero, desde la Armada Nacional y la Dirección General Marítima ya se había realizado el estudio antes mencionado y se tenía certeza de “qué es Quitasueño desde el punto de vista de soberanía, geomorfología y geografía. Ya habíamos identificado que este atolón tiene más de 40 millas de norte a sur, con más de 52 elevaciones de bajamar, y que esto tenía una significancia fundamental desde el punto de vista oceanográfico e hidrográfico. Entonces, se logra demostrar ante la Corte que Quitasueño sí existe y que, además, tenía una historia de ejercicio de soberanía sobre sí que no pudo demostrar Nicaragua”, precisó Pedroza Nieto.
Así, en un fallo proferido el 19 de noviembre de 2012, la CIJ estableció que Quitasueño sí emergía, era susceptible de apropiación y es de Colombia. No le concedió a Nicaragua soberanía alguna sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ni sobre ninguno de los cayos del archipiélago, pero le otorgó una enorme franja marina de 75.000 kilómetros cuadrados. Lea: Petro negociará con Nicaragua condiciones de pesca de los raizales en San Andrés
“En Quitasueño, por ejemplo, tenemos una de las rocas más importantes, que se llama QS32, y define el centro de la isla. A pesar de que la isla queda enclavada (al igual que Serrana), por decisión de la Corte, esa roca es fundamental porque es a partir de allí que se toman las 12 millas náuticas que le dio la Corte como mar territorial a cada isla. Esto para decir que este trabajo de la Armada fue lo que en últimas salvó las islas”, resaltó.
Segundo “round”
No obstante, la disputa continuó en 2013, cuando Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia ante la CIJ, en la que pidió precisar la frontera marítima en las zonas de la plataforma continental que pertenecen a ambos países.
“Nace una preocupación nacional y se le encomienda a la Armada y a la Dirección General Marítima la identificación de la plataforma continental, contando ahora con equipos más avanzados, como perfiladores de fondo y ecosondas multihaz, que nos permiten ver el piso oceánico de manera distinta. Ese trabajo de plataforma continental, en donde participan oficiales, suboficiales, personal no uniformado, infantes de marina, técnicos, entidades del Estado como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Servicio Geológico Colombiano (SGC), Cancillería, etcétera, parte en dos la historia de la investigación científica marina en el país, porque a partir de aquí la Corte toma la decisión que hizo pública el 13 de julio”, recalcó el director de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada Nacional.
“A Colombia, infortunadamente, para efectos de pérdidas, el fallo del 2012 no le fue favorable. Están en entre dicho 75.601 kilómetros cuadrados de territorio, que significan muchísimo para los raizales. Estamos hablando de tres veces el departamento de Cundinamarca y también es necesario hacer claridad en que, aunque no se perdieron las islas, sí se perdieron los derechos de pesca de los raizales en el archipiélago. Esta situación que genera el fallo del 2012 nos tiene que poner a reflexionar entorno a lo que significa la defensa de la soberanía y la defensa de los intereses del Estado en el mar”, manifestó Pedroza Nieto.
Y agregó: “Ganar ahora, a través de este último fallo, frenar las pretensiones de Nicaragua hacia nuestra plataforma continental, hacia la zona económica exclusiva del territorio colombiano, es muy importante porque Colombia ha escrito y reescrito la historia del derecho internacional y es hoy un referente en América Latina de la evolución del derecho del mar”.