El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró este lunes que no faltará la comida en las cárceles, ni en las estaciones de Policía, centros transitorios de detención del país el primero de agosto, de paso avisó que su cartera alista un proyecto de ley para la transición y manejo de ese tema por parte de las alcaldías.
“El primero de agosto, esa es mi gran preocupación, no va a faltar comida en ninguna cárcel”, afirmó Néstor Osuna, con lo que dio un parte de tranquilidad ante el temor de que no habría alimentación para las personas privadas de la libertad. Lea aquí: Procuraduría alerta sobre finalización de servicio de alimentación para reclusos
La desazón surgió por la alerta de la Procuraduría General de la Nación sobre el fin del contrato de alimentación a partir de esa fecha, seguido de la posición asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que avisó que la entrega de raciones de comida pasaba a ser responsabilidad de las alcaldías.
El pasado 4 de julio, Asocapitales y Asointermedias criticaron la determinación de la Uspec, al sostener que ponía en riesgo los “derechos fundamentales” de los privados de la libertad.
También recordaron que el tema necesitaba de la “participación de todos los niveles de gobierno” y tras recalcar que la Uspec contaba con los recursos fiscales necesarios y asegurados para suministrar la alimentación a esa población en el país.
Osuna aseguró que “en lo inmediato estamos viendo todas las fórmulas posibles para prorrogar esos contratos que vencen el 31 de julio, creo que la Uspec ya tiene una fórmula”, afirmó en declaraciones a W Radio.
El ministro añadió que su cartera alista un proyecto de ley de tres artículos para manejar la transición del manejo de este servicio de la Uspec a las administraciones regionales, para lo cual se otorgaría un año para su implementación. Le puede interesar: Alcaldía de Cartagena se refiere a circular de la Procuraduría sobre alimentación de reos
“Vamos a presentar un proyecto de ley de tres artículos, para dar un periodo de transición en el cual la Uspec siga presentando el servicio de alimentación, mientras los presupuestos de los municipios se pueden hacer las adaptaciones para que ellos atiendan esa alimentación, con una fecha máxima que sea el 30 de junio de 2024”, precisó Osuna.
El jefe de la cartera de Justicia también advirtió que se le pedirá a la Corte Constitucional que ante las circunstancias que se presentaron permita esa “transitoriedad”.