La audiencia de reconocimiento de Dabeiba, Antioquia, no es la que trata sobre la mayor cantidad de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición, pues solo recoge testimonios de hallazgos de 49 de ellas. Ese número es menor que las 120 de las que se habló en Ocaña, Santander, en abril del año pasado o las 127 que se mencionaron en Valledupar, Cesar, en julio, también del año pasado.
Pero, en términos de memoria histórica y de impacto nacional, su importancia es inmensa. Por ello fue la primera audiencia que en la historia de la televisión pública del país fue transmitida por radio y televisión nacional.
Ocho militares comparecieron, como máximos responsables, en Dabeiba, municipio del Urabá Antioqueño priorizado en el Plan Nacional de Búsqueda, para aceptar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Otros diecisiete estuvieron presentes para admitir su participación en calidad de no máximos responsables. De las 49 víctimas halladas por la Jurisdicción Especial de Paz, once pudieron ser identificadas, y al menos dos de ellas eran menores de edad.
El evento inició con un acto simbólico en el que hubo un cruce de pronunciamientos entre Teresita Zapata, madre de Jorge Andrés Ortiz, una de las víctimas, y el coronel retirado Efraín Enrique Prada correa. Lea aquí: Militares y la extrema derecha quieren frustrar el cese al fuego, según el ELN
“Es, para nosotras, las víctimas, una fortaleza y una luz de esperanza, anhelando conseguir una verdad sobre nuestros hijos, hermanos padres desaparecidos, que aún están en lugares oscuros donde no les corresponde”, dijo ella. “Gracias a ustedes, hoy los familiares de las víctimas, el país, los magistrados, podrán conocer una verdad que, esperamos, traiga n poco de alivio al fuerte dolor que les causamos”, respondió él.
Luego, llegó el primer bloque, en el que militares y víctimas describieron cómo los impactó el primer patrón de conductas con las que la Fuerza Pública participó en las ejecuciones extrajudiciales: la estigmatización a personas vulnerables de la región, quienes luego eran asesinadas. “Simplemente, eran calificados como guerrilleros”, dijo el coronel retirado Edie Pinzón Turcios, uno de los máximos responsables comparecientes.
Como ejemplo de la ejecución de ese primer patrón se presentó el caso de Edison Lexánder Lezcano Hurtado, la primera víctima plenamente identificada por la JEP y Medicina Legal en fosas comunes de Dabeiba. Lezcano, quien era un campesino de veintitrés años, fue asesinado por miembros del Ejército luego de ser presentado entre ellos como un guerrillero más.
El segundo patrón, explicado en la primera jornada de la tarde, se trató del traslado de víctimas de otras zonas de Antioquia, específicamente desde Turbo, El Aro y Medellín, para ser presentadas como bajas en combate en Dabeiba. En ese conjunto de víctimas, identificadas y no identificadas, hubo habitantes de calle, consumidores de estupefacientes y jóvenes en búsqueda de empleo.
“Nos aprovechamos de las personas vulnerables con engaños a través de trabajos”, dijo el sargento en retiro Jaime Coral Trujillo, quien estuvo en Dabeiba entre junio de 2004 y mayo de 2006 como parte del Batallón de Contraguerrillas 79, Hernando Cómbita Salazar. Coral admitió que por su actuar mataron a siete personas, incluyendo a un desmovilizado de las Farc “que depuso las armas y no le perdonamos la vida” y “un menor de edad traído del corregimiento de El Aro”.
“Les dábamos alimentación, les compramos sudaderas, les dábamos ropa y, dependiendo de la persona, si era consumidora, le comprábamos sustancias psicotrópicas”, señaló el sargento retirado.
Los comparecientes dijeron recibir presiones de otros dos coroneles que, aunque fueron imputados por la JEP, no fueron comparecientes, dado que no aceptaron su responsabilidad y se enfrentan a un proceso que podría traerles hasta veinte años de cárcel: el coronel Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brigada Móvil 11, a quien se le atribuyen doce casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2006, cuyo balance es de veintitrés víctimas, y el coronel David Herley Guzmán Ramírez, excomandante del Batallón de Contraguerrillas 79.
El soldado profesional retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas 79, admitió ser “el encargado de reclutar y traer las personas de otros municipios para luego ser asesinadas y presentadas como resultados operacionales”. Según su relato, las personas eran llevadas “de Ituango, Apartadó, Carepa y Turbo”, y él personalmente trasladó a “más de cuarenta”. Lea también: Eln liberó a funcionarios de Alcaldía tras 17 días de su secuestro
El tercer patrón identificado por la JEP y los comparecientes fue el del ocultamiento o inhumación de los cuerpos en el cementerio ‘Las Mercedes’, que permanecía con acceso limitado, como medida cautelar, desde agosto de 2020, precisamente para ejecutar actividades forenses que facilitasen la búsqueda de víctimas.
“El cementerio le va a seguir hablando a muchas generaciones de este país sobre la tragedia de la desaparición forzada”, dijo Óscar Parra, magistrado de esa Jurisdicción. “¿Cómo era posible que el Ejército fuera el responsable de estas atroces y dolorosas pérdidas?”, exclamó Esneda Altamirán, tía de una de las víctimas identificadas, Jhon Harvy Cañas.
La audiencia concluyó, luego de casi ocho horas de transmisión, con la palabra de la magistrada Catalina Díaz, quien resaltó la valentía de las víctimas y el esfuerzo de los comparecientes por aportar a la verdad. “Invitamos a David Herley Guzmán Ramírez y a Jorge Alberto Amor Páez para que digan la verdad y aporten acerca de lo que conocieron, participaron y tal vez cometieron, así como a otros mandos de las fuerzas militares”, concluyó.