La Sala Especial de Primera Instancia dio sentencia a Javier Eliécer Zapata Parrado y Óscar Armando Rodríguez Sánchez, quienes utilizaron su cargo como exgobernadores del departamento del Guainía para realizar millonarios hechos de corrupción. Lea aquí: Miles de colombianos dicen “no” a las reformas de Petro
La Corte Suprema de Justicia determinó condenar a Rodríguez Sánchez y a Zapata Parrado a 11 y 9 años de cárcel, respectivamente, por la comisión de delitos en los contratos celebrados para la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en diferentes localidades del corregimiento de Barrancominas, municipio de Inírida y, demás, derivados de un contrato de interventoría suscrito para vigilar los anteriores.
Entre los contratos cuestionados está el 068 de 2013, por 1.364 millones de pesos; el 069 de 2013, por 1.355 millones; el 070 de 2013, por 1.415 millones; el 204 de 2013, por 1.220 millones; el 205 de 2013, por 1.399 millones; y el 079 de 2013, por 472 millones.
La investigación determinó que luego de asumir el cargo de Gobernador de Guainía, Oscar Armando Rodríguez Sánchez concretó los procesos de contratación con cargo a los recursos del plan departamental de aguas, convocó los trámites licitatorios y suscribió los respectivos contratos, en los que se dio inicio a la ejecución de las obras respecto de las cuales se autorizaron modificaciones, lo que implicó revisar el diseño de la estructura y presentar el diseño de una torre para soportar tanques prefabricados de almacenamiento de agua potable.
Estas acciones continuaron con la siguiente posesión de Javier Eliécer Zapata Parrado, donde “se establecieron inconsistencias en el porcentaje de ejecución de la obra reportado frente al realmente ejecutado y, además, que el pago realizado superaba significativamente el valor de lo construido”. Sumado a que una visita realizada por la Contraloría General de la República, a finales de 2016, concluyó que ninguno de los cinco acueductos estaba en funcionamiento. Lea aquí: Petro se refiere a marchas de la oposición: “Nuestro deber es cuidarlas”
“Es claro que con su proceder afectaron igual número de veces los bienes jurídicos de la seguridad pública, la administración pública y los mecanismos de participación democrática, de suerte que el contenido de culpabilidad es también de carácter múltiple, toda vez que consciente y voluntariamente comprometieron negativamente los intereses jurídicos protegidos por ese cúmulo de tipos penales, pues se trata de conductas independientes y, por tanto, de delitos autónomos”, expresa el fallo.
En este caso, los exgobernadores alcanzaron un preacuerdo con la Corte Suprema de Justicia que incluye la devolución del 50 % del valor equivalente al incremento percibido por los acusados. La entrega de Rodríguez Sánchez también incluye la transferencia a nombre del departamento de Guainía en el predio denominado ‘El paraíso’, ubicado en la vereda Cumaribo, del municipio de Cumaribo, por 6.219 millones de pesos y la emisión de tres pagarés por 1.553 millones, cada uno.
Sobre Zapata Parrado, se acordó devolver también el 50 % de lo apropiado y de un inmueble rural ubicado en la vereda Tres Matas o La Esmeralda, de Puerto Carreño, Vichada, por 3.838 millones de pesos. Además de tres pagarés por valor cada uno de 521 millones de pesos.
MÁS DE 100 EVENTOS DELICTIVOS DE LOS EXGOBERNADORES
Durante las investigaciones llevadas a cabo, el exgobernador Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013- 2016), aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, 35 hechos de peculado por apropiación, 38 casos de interés debido en la celebración de contratos y 5 por cohecho. Se fijó el reintegro de 9.000 millones, de los cuales la Fiscalía entregó 6.000 millones.
En lo que respecta a Javier Eliécer Zapata Parrado (2016-2019), reconoció 24 eventos de interés debido en la celebración de contratos, 15 de peculado por apropiación, 3 más de cohecho, uno de fraude procesal y uno por corrupción al sufragante, al pagar sumas de dinero y entregar mercados a los ciudadanos para que votaran por él.