Una red de corrupción de funcionarios públicos dedicados a la alteración de los linderos de varios predios en Caquetá y Valle para favorecer a terceros que querían apoderarse de grandes eítensiones de tierra, fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación. Lea aquí: Padre de menores rescatados tiene denuncias por maltrato familiar
De acuerdo con el ente acusador, la organización estaba conformada por exfuncionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Florencia; exservidores del Instituto Geográfico Agustín Codacci (IGAC) y, al menos, dos notarios.
Las pruebas señalan que entre 2016 y 2018, habrían aprovechado sus conocimientos y cargos para modificar los folios de matrícula de varios bienes, a cambio de dinero, con lo cual acreditaron que los propietarios tenían a su nombre más terreno del que realmente habían adquirido.
“En el curso del proceso se conoció que, a uno de los beneficiarios, presuntamente, le asignaron irregularmente más de 2.789 hectáreas. La Fiscalía identificó 29 inmuebles urbanos y 16 rurales, 4 vehículos, 3 establecimiento de comercio y 1 sociedad que pertenecerían a los posibles integrantes de la red de corrupción”, señala el reporte de la Fiscalía.
Los activos, avaluados en más de 72.700 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas en Cali y Jamundí (Valle Del Cauca), Buenos Aires y Rosas (Cauca); Florencia, San Vicente del Caguán, Morelia, Valparaiso, Milán y La Montañita (Caquetá). La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.