En septiembre del año pasado, trascendió una noticia que involucraba a Medimás y a Century Farma: la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $148.843 millones de pesos contra más de una docena de directivos y exdirectivos de esas empresas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sistema de salud.
Entre las posibles irregularidades, figuraba el pago de servicios médicos a personas fallecidas o que no se encontraban afiliadas y la entrega de anticipos a contratistas que son de imposible recaudo, debido al estado de disolución y liquidación en que se encuentra Century Farma S.A.S. Lea aquí: Medimás: Investigan manejo irregular de más de $385 mil millones
Entonces se publicó que entre los directivos y exdirectivos sometidos al proceso fiscal estaban: José Guillermo Peña González, Mauricio Arturo García Ortiz, José Antonio Durán Ariza, Néstor Orlando Arenas Fonseca, Alex Fernando Martínez Guarnizo, Ricardo Marcelo Betancur Correa, Gonzalo Delgadillo Toro, Mónica Patricia Uribe Botero, María Inés Agudelo Valencia, Luis Alfonso Samper Insignares, José Eugenio Carrera Quintana, Jesús María Carrillo Ballesteros, Blanca Elvira Cajigas de Acosta y Elizabeth Hernández Castellanos.
Pues bien, la Contraloría Delegada Intersectorial 14, Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, decidió archivar el proceso a favor de los siguientes directivos, en calidad de miembros de la Junta Directiva de Medimás EPS S.A.S., hoy en liquidación, “al demostrarse que su conducta no ocasionó ni contribuyó a la causación del daño y, por ende, no existe nexo causal”, dice la Contraloría: José Guillermo Peña González, José Eugenio Carrera Quintana, Jesús María Carrillo Ballesteros, Iván Darío Hernández, José Antonio Durán Ariza, María Inés Agudelo Valencia, Bñanca Elvira Cajigas De Acosta, Mónica Patricia Uribe Botero, Mauricio Arturo García Ortiz, Luisa Alonso Samper Insignares y Felipe Baptiste Liévano.
En cambio, el fallo resuelve imputar responsabilidad fiscal tributaria, a título de culpa grave, a Medimás EPS, cuyo representante legal y agente liquidador es el señor Faruk Urrutia Jalile, en cuantía de $65.616.271.494 por el pago de servicios médicos a personas fallecidas, multas pagadas con recursos del SGSSS, aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras y/o en procesos de liquidación en curso que finalmente no fueron amortizadas o legalizadas.
También imputa responsabilidad fiscal solidaria, a título de culpa grave, a Century Farma, representada legalmente por José Leonidas Olaya Forero, en cuantía de $62.588.775.380 por aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras y/o en procesos de liquidación en curso que finalmente no fueron amortizadas o legalizadas.
Imputan responsabilidad fiscal solidaria, también a título de culpa grave, al presidente de Medimás EPS entre el 2 de octubre de 2017 y el 29 de abril de 2019, Néstor Orlando Arenas Fonseca, por cuantía de $62.588.775.380, por aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras y/o en procesos de liquidación en curso que finalmente no fueron amortizadas o legalizadas. Lea también: Lo último: conozca los detalles y las novedades en la Reforma a la Salud
A Alex Fernando Martínez Guarnizo, presidente de Medimás entre el 15 de abril de 2019 y 22 de abril de 2020, también le imputaron responsabilidad fiscal solidaria, a título de culpa grave, por $2.981.189.179, por multas pagadas con recursos del SGSSS.
También fueron imputados por responsabilidad fiscal solidaria, a título de culpa grave, Gonzalo Delgadillo Toro ($2.981.189.179 por multas pagadas con recursos del SGSSS), Santiago Rodríguez Gómez ($62.635.082.315 por pago de servicios médicos a personas fallecidas, aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas débiles), Ricardo Marcelo Betancur Correa ($6.039.380.673, aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas débiles), María Camila Aguirre Coronado ($62.635.082.315, aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas débiles) y Elizabeth Hernández Castellanos ($62.635.082.315, pago de servicios médicos a personas fallecidas).