“Para fallo”. Así aparece en los registros judiciales del Consejo de Estado un proceso que se deriva de una triangulación que incluye a la Procuraduría y a dos actores políticos diametralmente opuestos en posturas e ideología: el ahora embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, y la candidata al Senado por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
Lo que se tiene que resolver es una demanda de repetición que el Ministerio Público instauró contra Ordóñez, quien precisamente fue jefe de esta entidad entre 2009 y 2016, por cuenta de una destitución que él promovió y falló contra Córdoba por lo que consideraba eran los nexos de la entonces senadora con la hoy extinta guerrilla de las Farc.
En efecto, según la documentación judicial a la que accedió El Colombiano, la Procuraduría de Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba en septiembre de 2010 y la castigó con una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 18 años. No obstante, la política –para ese año militante activa del Partido Liberal– comenzó una batalla jurídica para tumbar esa decisión.
Y la justicia, precisamente el Consejo de Estado, terminó dándole la razón en agosto de 2016, no solo restituyéndole sus derechos políticos sino ordenándole al Ministerio Público, además, que le pagara una multa que supera los 1.674 millones de pesos por los perjuicios causados tras la inhabilidad disciplinaria.