Este viernes, la multinacional de seguros Mapfre y Empresas Públicas de Medellín, EPM, firmaron el acuerdo para el pago de la póliza por las pérdidas presentadas en Hidroituango, que implican el pago de casi $3,9 billones por parte de la aseguradora, que corresponden al 90% de los daños totales que se habían presentado en el proyecto hasta 2019, por un valor total de $4,3 billones.
Del pago del seguro, EPM ya recibió un anticipo de $1,36 billones, la totalidad de recursos después serán cancelados directamente a la empresa el próximo 31 de enero del año 2022 con el fin de recuperar el dinero que se había perdido en el proyecto y que le generará al país el 17% de energía.
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El desembolso se hace desde el tiempo en el que la póliza ampara la construcción, dicho seguro empezó a estar vigente desde el año 2011, los recursos deberán ser usados exclusivamente para trabajar en los daños de Hidroituango. Tanto EMP como Mapfre acordaron no demandarse mutuamente, los recursos de la aseguradora ingresan al Estado.
“La Contraloría no tiene competencia para dar ningún tipo de aval a estos acuerdos, pero destaca la voluntad de las partes en poner fin a las controversias suscitadas entre ellas, lo que permite concluir que las determinaciones adoptadas en el fallo con responsabilidad fiscal, en el caso particular de Hidroituango, cumplieron los propósitos definidos por el constituyente para la defensa, protección y resarcimiento del patrimonio público”, expresa el acuerdo firmado.
A la firma de la ‘Póliza de seguros todo riesgo’ asistió el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y quienes firmaron el documento, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y el CEO de Mapfre, Pablo Andrés Jackson.
“Haremos un seguimiento permanente, sin ahorrar recursos humanos ni tecnológicos, para que los recursos sean ejecutados cabalmente hasta que la obra entre en operación. Eso debe quedar perfectamente claro para EPM, para la Alcaldía de Medellín y para las demás autoridades que puedan tener injerencia en el manejo fiscal de dichos recursos”, aseguró el contralor Córdoba en declaraciones.
Para el gerente Carrillo de EPM, la firma es el reflejo de diversas entidades que reconocieron el siniestro, proyecto que desde en un comienzo costaba $10 billones y actualmente tiene un valor de $18,3 billones, aseguró que la entidad siempre se ha mantenido firme y terminarán el proyecto a tiempo.
Para el presidente Duque, este es un hecho que demuestra que el sistema de seguros sí opera en Colombia y está dando resultados, mensaje que también les daría confianza a los colombianos, a los proyectos y a los mercados de seguros.
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“Aquí se trata de un siniestro y tiene que operar el mercado de seguros, por un lado, porque este es un proyecto necesario para Colombia, es estratégico, cualquier alteración en los cronogramas del proyecto representaría para el país una situación muy compleja. Desde el Gobierno Nacional si bien no somos gestores, ni contratistas ni inversores, si creemos que para dar confianza en los proyectos los mercados de seguro deben operar de manera rápida cuando se presentan los siniestros”, aseguró el mandatario.
“Hoy se ha salvado Hidroituango, el proyecto de generación más importante de nuestra historia”, sostuvo el presidente Iván Duque.
Finalmente, el contralor Córdoba aseguró en este caso no existen ni vencedores ni vencidos por el hecho de que el país es el que gana.
“Con la juridicidad de nuestras actuaciones quedan también libres de dudas las garantías y seguridad que deben respaldar la inversión nacional y también la internacional. Ya nadie podrá seguir hablando de sesgos políticos porque le estamos demostrando al país que este fallo proferido por los funcionarios de la Contraloría, ha tenido en todas sus etapas rigor técnico y jurídico”, expresó en la declaración.
¿Qué significa el acuerdo?
El acuerdo con Mapfre significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad para los procesados se extinguen. En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva.
Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal, las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.
En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que al menos operen las dos primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.
Bajo las nuevas condiciones y sin una inhabilidad inminente para los constructores, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la licitación que haría EPM.
Ya EPM informó esta semana sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses más tres meses de empalme.