El Ministerio de Ambiente junto con distintas autoridades ambientales y organizaciones de la sociedad civil firmaron este jueves un pacto para asegurar que la madera extraída, transportada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales.
El Pacto Intersectorial por la Madera Legal (PIML), en su fase 2.0, pretende capacitar a los diferentes actores asociados a la oferta y promoción del uso de madera legal, para impulsar la economía forestal basada en los bienes y servicios de los bosques.
Los firmantes del pacto también se comprometieron en la construcción e implementación de un esquema de monitoreo a favor de los bosques.
“Todo esto forma parte del conjunto de herramientas que estamos creando, como la Ley de Acción Climática, para luchar decididamente contra la deforestación, entre otros propósitos. En eso hemos sido y seremos muy claros: ¡los recursos naturales de Colombia se respetan!, y con la ayuda de las comunidades seguiremos protegiéndolos”, dijo Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Para Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, la nueva versión de esta iniciativa contribuye a las metas del país, entre estas la reducción de la deforestación, la adaptación, la legalidad, la agenda climática, la reactivación económica y el fortalecimiento de la participación de las comunidades en las regiones.
Dos de los compromisos de Colombia al 2030 son reducir a cero la deforestación y disminuir en un 51 por ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Las entidades que lideran el PIML son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) y WWF Colombia, con el apoyo de la Unión Europea en Colombia y del programa FAO UE-FLEGT.
En la firma participaron, además de las entidades que lideran el pacto, Asocars, los ministerios de Agricultura, Defensa, Vivienda y Comercio, Camacol, el Sena, la Universidad Distrital, acompañadas por representantes del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), Unión Europea, Embajada de Noruega y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).