La Red de Veedurías de Colombia advirtió que la estrategia de la Superintendencia Nacional de Salud de desacatar órdenes judiciales solo está permitiendo que se vea favorecido el llamado cartel de venta de pacientes.
“Las denuncias radicadas ante la Fiscalía General contemplan los presuntos y reiterados punibles en concurso de prevaricato por acción y fraude procesal, entre otros y quejas ante la Procuraduría General contra el Superintendente Nacional del Salud, Fabio Aristizábal, y otros, derivados de sus múltiples, abiertos e ilegales desacatos, durante más de veinte meses, de dos órdenes judiciales impartidas, que se hallan en firme, por dos tribunales diferentes por la manifiesta violación a los derechos a la salud, igualdad, trabajo, vida y a la no discriminación de una EPS de asociados”, dijo el director de la Red, Pablo Bustos.
Para el abogado Bustos, es un acto discriminatorio con la población chocoana “a los cuales el Supersalud en abierto desacato les arrebató más de 760 mil de sus afiliados, paradójicamente cuando ostentaba uno de los mejores estándares de desempeño a nivel nacional, certificado por Minsalud. Además, tal incumplimiento a las decisiones judiciales habría sido, según el Tribunal Superior, una retaliación de Supersalud contra la EPS Ambuq, dado que se puso al descubierto que esa intervención se produjo a cambio de dinero para favorecer otras EPS con base en graves actos de corrupción”.
Bustos, incluso indicó que la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional Eva Carrascal, “le confesó a la justicia que recibieron importantes sumas de dinero para favorecer el traslado de pacientes a cambio de millonarias compensaciones económicas afectando a cerca de cinco EPS entre ellas la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS, Ambuq”.