De ese universo, un total de 85 son menores de edad y, de acuerdo con la norma, se enfrentaron a condenas que oscilan entre los 12 y 36 meses de prisión; no obstante, este tipo de sentencias son excarcelables y ninguna mujer está detenida por esta conducta.
Y, al mirar por departamentos, los que registran más condenas son Caldas, Boyacá, Santander, Tolima y Norte de Santander. Solo en el primero hay documentadas 11 sentencias.
Ese es el panorama que acaba de presentar La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a través de un informe titulado ‘La criminalización del aborto en Colombia’, el cual, entre otras fuentes, se basa en la recopilación y análisis de cifras oficiales de la Fiscalía respecto a casos judicializados entre 2005 y 2018.
Su afirmación es la advertencia en torno a que las mujeres judicializadas por el delito de aborto en el país también son, en algunos casos, objeto de otro tipo de vulneraciones, pese a que –desde 2006 y por mandato de la Corte Constitucional– esta conducta se despenalizó en tres casos específicos: violación, incesto o inseminación artificial sin consentimiento; malformaciones fetales graves; y para proteger la vida o la salud de la mujer gestante.
Pero en este documento, que para su elaboración también contó con el apoyo de investigadoras vinculadas a centros académicos como la universidad de Los Andes, se evidencian otras problemáticas.
Por ejemplo, se detectó que independiente a termine o no en condena, ante la justicia penal se han presentado al menos 400 casos por aborto anualmente, de los cuales el 12,5 % corresponden a menores de edad en situación de vulnerabilidad entre 14 y 17 años.
Laura Castro, coordinadora de La Mesa, aseguró –en torno a esos casos de menores de edad– que “hablamos de mujeres que han sido víctimas de otros delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales; pero otra situación de vulneración se relaciona a condiciones de precariedad económica que se asocian a brechas de acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos”.
Además, de acuerdo con el informe, el 29,11 % de las mujeres indiciadas por aborto han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún otro delito; también se pudo corroborar que el 42 % de ellas presentó un historial de victimización previo.
Y se indicó que las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución, por parte de la justicia, que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género.
Esto se argumenta en que las condenas contra las mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, las condenas representan un 1,14 % y 3,38 %, respectivamente.
Al respecto, Ana Cristina González, cofundadora de La Mesa, sostuvo que “el sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, en el caso de la justicia”.
Otra situación que dejó en evidencia el informe es que el personal de salud antes que atender y brindar sus servicios, tiende a priorizar el reporte de estos casos como delito, lo que equivale, según el documento, a una posible vulneración al derecho a la privacidad y al secreto médico. Isabel Jaramillo, docente de derecho de los Andes, dijo eso “aumenta la desconfianza hacia el sistema de salud, lo cual se convierte en un obstáculo para el acceso a estos procedimientos”.
Marcha a favor del aborto