La Procuraduría General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo realizaron la presentación del octavo informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En el evento participaron la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco; el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba; y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.
La procuradora Cabello resaltó que en el país hay más de 9 millones de víctimas del conflicto, y que ese universo ha crecido por los distintos hechos victimizantes que siguen presentándose en el país.
Los entes de control señalaron que, a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.
“El desafío al que nos enfrentamos no es menor. Los ajustes que se requieren, es dar a las víctimas dar una reparación integral en un tiempo razonable y esto no se está llevando a cabo... Nos preocupa el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto, a las luchas que existen hoy por el control de rentas ilegales y las luchas que existen entre organizaciones al margen de la ley, lo que contribuye a la revictimización a mujeres, niños y niñas”, aseguró la procuradora Margarita Cabello.
La Comisiones de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos celebraron la prórroga de diez años establecida en la Ley 2078 de 2021 y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública para las víctimas.
Los entes mostraron su preocupación en el tema de reparación integral a las víctimas, pues desde 2011 que se implementó la ley de víctimas solo han recibido atención psicosocial la tercera parte de la meta proyectada en el Conpes. Asimismo, en el tema de indemnización “al ritmo que va, las víctimas en total serían reparadas en 60 años”.
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, se requiere un plan fiscal más amplio, pues son más de 9 millones de colombianos, los sujetos de derecho a reparación, por lo cual “los 135,5 billones de pesos destinados por el Gobierno desde el año 2012 van a ser insuficientes. Al 2031 será requerido 328,3 billones de pesos que se discriminan en indemnizaciones, en viviendas, alimentación, retornos y reubicación”.
Las entidades destacaron el crecimiento del desplazamiento forzado que durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se desplazaron por cuenta del conflicto armado.
Así mismo, destacaron que “la violencia se ha agudizado este año con mayor impacto en Antioquia, Valle, Nariño y Chocó”.
En este nuevo informe se destaca que hay un nuevo capítulo relacionado con la violencia a las mujeres. Señalan que más de la mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres afectadas de manera diferencial. En esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades.
Según los informes presentados, el 91 % de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad. En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales.
Frente a los recursos de las entidades territoriales destinados a la política pública se observó una reducción de 18 % pasando de 6 billones de pesos en 2019 a 4,9 billones en 2020, lo que preocupa, dadas las obligaciones que tienen los territorios con las víctimas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “no sólo las entidades del Estado, sino la sociedad en general debe volcar sus ojos al conflicto armado y la obligación del Estado de reparar integralmente con medidas materiales y simbólicas a todas las víctimas como base para la construcción de una convivencia pacífica sólida y perdurable”.
Puso de relieve que las regiones más afectas son el norte y sur del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato, bajo y medio Putumayo, Catatumbo, Montes de María, Magdalena Medio, zonas de frontera y la Costa Pacífica en su totalidad. Todas estas regiones han estado históricamente marcadas por la violencia.
En la presentación también realizó una intervención la representante de víctimas que integra la Mesa Nacional de Participación Efectiva, Ludirlena Pérfez Carvajal, quien aseguró que se deben establecer garantías de no repetición.
“Estamos en un país en donde ser líder comunitario es tener una sentencia de muerte, he tenido que ver partir a compañeros que han defendido a la población víctima... debemos invertir en una política de prevención, lo más importante es prevenir que no vuelvan a aparecer más víctimas”, aseguró.
Entre tanto, Blasney Mosquera Hurtado, otro representante de víctimas aseguró que “los esfuerzos que se han hecho son insuficientes, porque la máquina de guerra no ha parado y se están haciendo más víctimas todos los días”.
CONCLUSIONES
Diana María Cadena Lozano, procuradora delegada para el seguimiento al acuerdo de para el acuerdo de paz aseguró que las principales conclusiones de los informes, es que se ha agudizado en amplias regiones del país la violencia.
“Durante 2020, la Defensoría del Pueblo documentó 979 conductas vulneratorias contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en 286 municipios de 30 departamentos del país”.
Agregó que se han pagado solo 983.038 indemnizaciones, que corresponden al 12 % de las víctimas que tienen derecho a esa medida.
Agregó que es necesario fortalecer la oferta social del Estado en las regiones más afectadas. Atender los principios humanitarios en el desarrollo de operaciones militares. Atender las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y Fortalecer la protección colectiva.
Así mismo, se estableció que en los diez años de implementación de la Ley 1448 de 2011, han recibido atención psicosocial 889.066 personas que representan menos de la tercera parte de la meta proyectada en el Conpes 3726 de 2011.
La meta prevista en el PND sobre víctimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial en 2020 fue de 43 % (50.928).
Para 2020 se evidenció un estancamiento de las estrategias móviles y se suspendió la puesta en marcha del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) en zonas rurales.
La delegada aseguró que el programa de Reparación Colectiva presenta escasos avances. De los 768 SRC incluidos en el RUV: el 4 % (28) ha finalizado la implementación de todo su PIRC, el 66 % (511) se encuentra en las fases iniciales de la ruta, y el 30 % (229) en las fases de formulación e implementación del PIRC.
A su turno, el procurador delegado para la Restitución de Tierras, Germán Robles, contó que de 276.634 órdenes judiciales, solo se han emitido 6.974 sentencias.
Robles resaltó que “se requieren mayores esfuerzos de la institucionalidad para una gestión eficiente y segura”. Y reveló que entre 2020 y el primer trimestre de 20201 se presentaron 6.656 solicitudes de restitución, de las cuales solo el 13 % se resolvieron de fondo durante el año pasado y el 9 % en los primeros tres meses de 2021.
Carlos Andrés Guzmán, procurador delegado para asuntos étnicos, aseguró que hay dificultades de implementación en términos de reparación colectiva para pueblos étnicos. “Luego de 10 años de expedición de los decretos leyes étnicos, se registra apenas 7 % de avance en acciones de reparación dirigidas a comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, y 12 % para indígenas”.
Agregó que no hay claridad sobre los recursos dispuestos para garantizar la participación de los pueblos étnicos en 2021, ni el protocolo de participación de esta comunidad.
Al cierre del evento, la procuradora General, Margarita Cabello, señaló que “la demanda de atención para las víctimas ha superado la capacidad de respuesta del estado”, por lo cual más allá de pedir presupuesto, piden que se alcance al universo de las víctimas, que se fortalezcan las instituciones para que la atención de las víctimas sea integral de acuerdo de las necesidades de las víctimas.